El Gobierno de México anunció la preparación de un paquete de reformas anticorrupción cuya pieza central será otorgar sustento jurídico a la figura del “trabajador encubierto”, con el propósito de que su actuación tenga reconocimiento legal dentro de las investigaciones por faltas administrativas y delitos cometidos por servidores públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que esta iniciativa busca cerrar vacíos legales que hasta ahora han limitado el uso de esta herramienta, debido a la falta de un marco normativo que respalde formalmente su participación en los procesos.
De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, esta situación ha derivado en que diversos casos no prosperen ante instancias judiciales, al no contar con elementos probatorios plenamente reconocidos.
El proyecto también contempla medidas orientadas a reforzar los mecanismos de denuncia, mediante disposiciones que aseguren la confidencialidad de quienes reporten posibles actos irregulares.
Con este paquete, el Gobierno federal pretende fortalecer las acciones institucionales contra prácticas como el desvío de recursos y otras conductas indebidas dentro del servicio público.
