En la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas se dieron cita este jueves para conversar acerca de la despenalización del aborto, la necesidad de que sea un tema de salud pública y los retos que enfrenta esta agenda en un contexto regional donde la ultraderecha cobra fuerza.

Desde la Ciudad de México, la asociación Mujeres Vivas, Mujeres Libres, reunió a referentes de la lucha feminista y pro aborto para esclarecer los retos actuales. Si bien las ponentes reconocieron el avance simbólico de tener a la primera mujer presidenta, tambien señalaron que hay pendientes importantes en la agenda feminista y uno de ellos es la despenalización del aborto.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional criminalizar a mujeres y personas gestantes por abortar y en la mayoría de los estados se ha conseguido despenalizar el aborto bajo ciertos límites gestacionales, sigue tipificado como delito en todas las entidades.

Eso significa que la criminalización persiste: no sólo en los códigos, sino también en el miedo, el estigma y las barreras que enfrentan quienes deciden interrumpir un embarazo. Al final, el acceso depende de variables externas que pueden llenar de obstáculos el derecho a decidir.

En este sentido, Aide García Hernández, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir recordó que lograr que el aborto sea un asunto de salud pública y de derechos humanos es fundamental para consolidar la Transformación de la vida pública.

“No es solo hablar de la cárcel, sino del miedo que implica preguntar e informarse” aseguró García Hernández.

Buscan que la CDMX sea el punto de partida

Aunque han pasado casi 18 años desde que la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad federativa en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, las especialistas advierten que quienes acceden o proveen el servicio siguen estando expuestas a investigaciones judiciales.

A nivel nacional, en 2025, se registraron 63 mujeres en prisión y en espera de sentencia por interrumpir un embarazo y de 2012 a 2025 se contabilizaron 269 investigaciones iniciadas contra mujeres que decidieron interrumpir el embarazo.

Ante estas cifras y tomando en cuenta el precedente histórico de la capital, las colectivas apuntan los esfuerzo a que la cuidad vuelva a liderar este cambio de paradigma en pro de la autonomía corporal de las mujeresy personas gestantes. Así, hicieron un llamado a las legisladoras de la capital para que impulsen esta eliminación y recordaron que se cuenta con una petición abierta para la ciudadanía.

Asimismo, recordaron que en un gobierno femeninista como el de la Ciudad, es imperativo impulsar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Tenemos que transformar y eso significa ir más allá de lo mínimo indispensable”. 

Aguascalientes y la barrera conservadora

Por su parte, Angie Contreras, vocera de la asociación Mujeres Vivas y Libres, detalló los desafíos que enfrentan los movimientos feministas para impulsar la agenda en las entidades gobernadas por partidos antiderechos.

Tal es el caso de Aguascalientes, entidad liderada por Partido Acción Naciona (PAN) y en donde el Congreso estatal reformó la ley para permitir la interrupción legal sin responsabilidad penal dentro de las primeras 6 semanas de gestación.

“El plazo de seis semanas es como anular este derecho. Es un engaño, porque en muchas ocasiones es apenas momento de percatarse de un posible embarazo, y suele ser más tarde” se puede leer en un posicionamiento del Consejo Nacional de Población (Conapo)

Las especialistas advirtieron que, en entidades como Aguascalientes, las barreras tienen que ver principalmente con el ámbito moral y religioso.

Una de las condiciones más alarmantes de la entidad, según refirieron las activistas, es la existencia del Comité para la decisión del aborto, el cual no solo limita la autonomia de quienes buscan interrumpir el embarazo, sino que burocratiza y alarga el proceso en una entidad con importantes limitaciones para acceder al aborto.

Asimismo, reflexionaron que el avance desigual de la agenda en las distintas entidades lleva a criminalizar la pobreza, pues se abre una brecha entre las mujeres que no pueden viajar a un estado donde el aborto sea lega y quienes sí pueden viajar para acceder a este servicio de salud.

“No es aceptable que el derecho a decidir dependa del código postal y del lugar donde nos tocó vivir” afirmaron.