Al norte del Estado de México, en la zona industrial, se encuentra el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, mejor conocido como el Penal de Barrientos; hace 10 años, este lugar vio nacer a La Cana, un proyecto que ayuda a las mujeres privadas de la libertad a tener sus propios ingresos y brinda acompañamiento en el proceso de reinserción social.
Raquel Aguirre, abogada, cofundadora y directora ejecutiva, reveló para Revolución 3.0 que los origenes de La Cana se remontan a cuando ella y sus socias tenían 19 años y eran estudiantes.
Lo que comenzó como una práctica universitaria de asesoría jurídica terminó por evidenciarles una de las grietas más profundas de la sociedad mexicana: la criminalización de la pobreza y el abandono sistemático de la mujer.

Desde la entrada de aquella primera visita, el contraste fue violento. Mientras la fila para visitar a los hombres era interminable y estaba compuesta casi exclusivamente por mujeres, la fila para visitar a las mujeres era mínima.
“Las estadísticas no mienten: de cada diez hombres, ocho reciben visitas. De cada diez mujeres, ocho son abandonadas”, relata Raquel Aguirre.
Este abandono no es casual; es el resultado de violencia estructural y machista que juzga con doble severidad a la mujer que transgrede la ley. Al entrar al área femenil, el olor, el hacinamiento y la presencia de niños pequeños configuraron un escenario que impactó a las jóvenes estudiantes.
Además, al instalar las mesas de asesoría legal, descubrieron que la urgencia de las internas no era necesariamente una explicación jurídica, sino ser escuchadas.
Punitivismo y abandono
Si bien actualmente La Cana es un proyecto consolidado de reinserción integral con perspectiva de género, Raquel detalla que al comienzo, la dirección general de reinserción social del Estado de México les explicó que, para trabajar con las mujeres dentro del penal los fines de semana, el compromiso debía extenderse por al menos 6 meses.

Es decir, no podían retirarse tras un par de visitas, pues las mujeres privadas de la libertad enfrentan el abandono reiteradas veces. Raquel asegura que al trabajar con ellas, es inevitable notar que son mujeres que tienen una marca de abandono, pero que solamente necesitan herramientas para salir adelante.
“Empezamos a entender los contextos de los que ellas vienen. Son contextos en la mayoría muy precarios, de muchísimo abandono, de situación de calle, de violencia en todas sus vertientes; mucha violencia sexual” explica Aguirre.
Al adentrarse en los Centros de Reinserción, Daniela, Raquel, Wendy y Mercedes, las cuatro fundadoras, notaron que el sistema penitenciario en México tiende a criminalizar la pobreza, pues es poco común encontrar tras las rejas a quienes tienen contactos o poder adquisitivo. Además, comprendieron la importancia de entender y atender los contextos que devinieron a esta población.
Si bien Raquel admite que han elegido trabajar con un sector de la población sumamente complejo y estigmatizado, señala que profundizar en las historias de estas mujeres y atenderlas no se trata de justificar la comisión de un delito (incluso dejando de lado el gran porcentaje de inocencia que existe en las prisiones), sino de comprender las circunstancias y los contextos de violencia estructural que las orillaron a terminar en prisión.
“¿En dónde estábamos nosotros como sociedad protegiendo a esos niños, esas niñas, que hoy en día están en nuestras cárceles?”
Inocentes en la cárcel y un sueño cumplido
Al hablar de los casos de éxito que han marcado el trabajo de La Cana, Raquel señala que hay muchas historias de mujeres sumamente capaces y esperanzadas; aquí rescata el caso de Maira, un nombre ficticio para proteger la identidad de la protagonista.
Al igual que muchas otras mujeres en reclusión, Maira fue sentenciada por un robo que no cometió. Su encierro pone en evidencia una trampa común en el sistema judicial mexicano, denominada “procedimiento abreviado”, el cual consiste en que, si aceptas la culpa de un delito que no cometiste, el Estado te ofrece una rebaja en la condena.

Para una mujer inocente y asustada por un defensor público que le pintó un panorama de doce años tras las rejas, la elección no fue jurídica, sino de supervivencia. Maira aceptó la culpabilidad con una sentencia de cinco años; cumplió tres en una celda antes de recibir asesoría legal y quedar en libertad.
Tras su salida, Maira decidió contar su historia y durante una entrevista expresó su sueño de ser enfermera. Una espectadora, conmovida por su entereza, decidió becarla para cursar la carrera.
Su caso es el recordatorio vivo de que en las cárceles mexicanas hay inocentes condenados y de que tras las rejas no solo hay expedientes, sino talentos, sueños y vidas que, al recibir las herramientas adecuadas, pueden reintegrarse.
Un modelo de éxito que atiende todas las etapas
En este sentido, tras una década de labor, La Cana ha consolidado un modelo de reinserción social integral con perspectiva de género articulado con varios ejes.
El primero, denominado Cárceles que reinsertan, transforma el encierro en un espacio de oficio y comunidad. Mediante talleres de tejido, costura, serigrafía y estética, las mujeres acceden a un ingreso digno indispensable para sobrevivir en un sistema donde todo tiene un costo y para sostener a las familias que las esperan afuera.
El segundo eje, Seguimiento y libertad, atiende el momento más crítico: la transición al exterior. Lo que muchos imaginan como un instante de felicidad absoluta es, en realidad, el punto de mayor vulnerabilidad.
Por ello, la organización diseña un traje a la medida para cada mujer próxima a salir, acompañándola en tareas tan vitales como la obtención de documentos de identidad, vinculación a empleos formales y la atención médica y psicológica personalizada.
“Nosotros nos encargamos de ser este apapacho, este apoyo para que ellas puedan salir adelante. Cuando vemos que las mujeres ya están listas les hacemos una graduación. En el año se gradúan alrededor de 30 mujeres” detalla Raquel.
Maternidad e infancias en reclusión
Mientras tanto, la Asesoría jurídica es el único eje híbrido que atiende tanto a hombres como a mujeres bajo el lema: “Defendemos a quien no debería estar en prisión”.
Aquí, un equipo multidisciplinario de abogadas, criminólogas y trabajadoras sociales analiza casos de inocencia y cuestiones de género, asegurándose de que, al lograr la libertad, la persona no regrese a un entorno de violencia o situación de calle.
El eje de Maternidad e Infancias pone el foco en los cerca de 300 niños que viven en las cárceles mexicanas. La organización garantiza que estos menores, quienes no eligieron nacer en cautiverio, tengan acceso a una vida digna.

Desde atención médica prenatal hasta talleres de estimulación temprana y nutrición, el objetivo es romper el ciclo delictivo para que ni los niños que están dentro, ni los que esperan afuera, repliquen los patrones de sus padres.
Finalmente, el eje de Incidencia y políticas públicas se posiciona como un contrapeso en contexto político y social en donde “lo que vende” es el aumento de penas. Este eje apuesta por la investigación y el posicionamiento de la reinserción social en la agenda pública para transformar la narrativa punitiva.
Hablar de una nueva justicia
Cuando una persona que presuntamente ha cometido algún delito es encerrada, el aplauso social suele ser unánime en las calles y en las redes sociales. Es el alivio del castigo, la satisfacción de la reja que se cierra.
Pero en esa alegría temporal que produce la penitencia, nadie parece preguntarse qué sucede del otro lado del muro, y mucho menos qué ocurrirá el día que esa misma reja vuelva a abrirse.
El sistema penitenciario, si se reduce solo al encierro, es una bomba de tiempo. Sin herramientas, sin educación, sin un oficio que dignifique y sin un acompañamiento profundo en salud mental, la prisión no es un centro de reinserción, sino una incubadora de resentimiento. Quien entra a una celda sin oportunidades, sale de ella igual o peor de como llegó.
Para las mujeres, el costo del encierro es un efecto dominó que la sociedad prefiere ignorar. El 85 por ciento de ellas son madres, y el 60 por ciento eran el único sustento de sus familias antes de ser detenidas. Cuando una madre entra en prisión, el hogar se desmorona económicamente.
“Si no les damos herramientas dentro, si no les permitimos trabajar y percibir un ingreso, no solo las castigamos a ellas, castigamos a sus hijos. Estos niños, si no se atienden, están destinados a repetir los mismos patrones” reflexiona Raquel Aguirre.
Tras una década de recorrer los pasillos de Barrientos y otros penales, la labor de La Cana demuestra que la verdadera justicia no termina cuando se dicta una sentencia, sino cuando se ofrece un camino de regreso.


