Ciudad de México — En una sesión histórica que redefine el alcance de los servicios públicos en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que todas las personas, sin importar si viven en un asentamiento irregular o carecen de escrituras, tienen el derecho inalienable de recibir un suministro mínimo de agua potable para cubrir sus necesidades básicas.
Esta resolución sienta un precedente obligatorio para todas las autoridades del país, al establecer que la falta de documentos oficiales no puede ser un pretexto para negar el acceso a un recurso indispensable para la vida y la salud.
Una lucha desde la frontera
La decisión de la Corte nació de un conflicto en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un grupo de personas que habitan un asentamiento formado por migrantes desde la década de los noventa demandó a las autoridades locales. Los residentes de esta zona, identificada como de atención prioritaria, denunciaron que solo recibían agua a través de pipas cada diez o quince días, lo que resultaba insuficiente para una vida digna.
En un principio, un juzgado federal se negó a estudiar el caso porque los habitantes no pudieron presentar recibos o contratos que acreditaran que vivían ahí. Sin embargo, al atraer el asunto, la Suprema Corte corrigió este criterio señalando que:
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En asentamientos irregulares, basta con declarar bajo protesta de decir verdad el domicilio para demostrar interés en el caso.
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La precariedad de estas zonas hace imposible contar con documentos de propiedad o recibos de servicios, por lo que exigir estas pruebas es una barrera injusta.
Con esta sentencia, el Máximo Tribunal concedió el amparo a los afectados y ordenó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez garantizar de inmediato el suministro mínimo vital. Además, se instruyó a la Secretaría de Hacienda del estado a destinar presupuesto para construir infraestructura de almacenamiento y distribución a mediano plazo.
“Los derechos humanos al agua y a una vivienda adecuada exigen condiciones que garanticen un nivel mínimo de bienestar, el cual debe asegurarse sin importar si el asentamiento está regularizado o no”, destacó el Tribunal Pleno durante la resolución.
Además del fallo sobre el agua, la Suprema Corte tomó decisiones clave para la economía y los derechos laborales de los mexicanos:
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Protección al precio de la tortilla: Se confirmó que es legal sancionar y multar a empresas que se pongan de acuerdo para manipular el precio de la tortilla o limitar su venta, protegiendo así el bolsillo de las familias frente a prácticas de monopolio.
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Justicia para maestros jubilados: Se determinó que los tribunales laborales son los encargados de resolver las quejas de docentes que reclaman el pago de sus gratificaciones por jubilación a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Control en telecomunicaciones: La Corte validó las multas y el decomiso de equipos para quienes operen servicios de radio o telecomunicaciones sin el permiso correspondiente, con el fin de mantener el orden legal en el sector.
Con este conjunto de sentencias, la Suprema Corte reafirma su papel como protectora de los derechos sociales, asegurando que ni la burocracia ni los intereses económicos pasen por encima del bienestar de la población.
