Ciudad de México — En un esfuerzo por saldar una deuda histórica con los sectores más vulnerables, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal han presentado una iniciativa crucial: reconocer formalmente a los menores de edad que han quedado en la orfandad debido al feminicidio como víctimas indirectas.
Esta propuesta busca que el Estado mexicano no solo persiga el delito contra las mujeres, sino que asuma la responsabilidad total sobre el bienestar de los hijos e hijas que sobreviven a estas tragedias, asegurando que su desarrollo no se vea truncado por la falta de apoyo oficial.
Un nuevo enfoque en los derechos de la infancia
La trayectoria de este tema ha evolucionado desde la simple persecución penal del agresor hacia una visión de protección integral. Anteriormente, el foco se centraba casi exclusivamente en la víctima directa del feminicidio, dejando a los menores en un vacío legal y administrativo que dificultaba su acceso a becas, servicios de salud mental y medidas de restitución.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, destacó que el Estado mexicano está firmemente comprometido con los derechos de la niñez y la adolescencia. Durante su intervención, subrayó que la protección de estos menores es una prioridad que requiere la coordinación de todas las instituciones de seguridad y justicia.
La iniciativa impulsada por la Fiscalía plantea beneficios tangibles para quienes enfrentan esta dolorosa situación:
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Reconocimiento jurídico: Al ser considerados víctimas indirectas, los menores adquieren de forma automática derechos de asistencia, protección y reparación del daño.
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Acceso prioritario a programas: Se busca que este grupo poblacional tenga acceso garantizado a servicios de salud, educación y vivienda.
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Acompañamiento especializado: Implementación de protocolos de atención psicológica diseñados específicamente para el trauma derivado del feminicidio.
El llamado de la FGR ha resonado en diversas instancias del gobierno y la sociedad civil. Se enfatiza que la justicia no termina con la sentencia al culpable, sino con la reconstrucción de la vida de quienes se quedan.
“No podemos permitir que las niñas, niños y adolescentes que pierden a su madre por actos de violencia extrema queden en el olvido. Reconocerlos como víctimas es el primer paso para garantizarles un futuro con dignidad”, señalaron fuentes cercanas a la fiscalía durante la presentación de la iniciativa.
Este movimiento se alinea con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, buscando que el interés superior de la niñez sea la guía principal en la elaboración de políticas públicas de seguridad y justicia social.
