El gobierno federal enviará al Senado el llamado Plan B de la reforma electoral, una propuesta que plantea recortar privilegios, ajustar el gasto público electoral y ampliar mecanismos de participación ciudadana. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la iniciativa será presentada de inmediato, acompañada de cambios constitucionales y legales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el eje central del proyecto es claro: “tener menos privilegios y más participación ciudadana”, con medidas que impactan directamente en municipios, congresos locales, organismos electorales y partidos políticos.
Recorte directo: menos cargos, menos gasto
Uno de los puntos más visibles del Plan B es la reducción de regidurías, que se ajustará de 7 hasta un máximo de 15, además de establecer una sola sindicatura por municipio.
En paralelo, se fija un tope presupuestal de 0.70% para los congresos locales, respecto al presupuesto de egresos de cada entidad. A esto se suma una reducción progresiva del gasto en el Senado hasta llegar al 15%, como parte del ajuste general.
Los recursos que se liberen con estas medidas tendrán un destino definido: obras de infraestructura pública en municipios y estados, con el objetivo de impactar directamente en servicios y desarrollo local.
Tope salarial y fin de beneficios adicionales
El Plan B también establece un límite contundente: ningún funcionario electoral podrá ganar más que la Presidenta de México. Esto incluye a consejeros del INE, magistrados y altos funcionarios de órganos electorales estatales.
Además, se eliminan bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales, en una medida que busca reducir los costos del aparato electoral.
Revocación de mandato se adelanta
Otro cambio relevante es la revocación de mandato, que ahora podría realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo del momento en que se solicite.
Actualmente, este ejercicio sólo se contempla en el cuarto año, por lo que la propuesta abre la posibilidad de una evaluación ciudadana anticipada.
Reformas legales: fiscalización, salarios y conteos
La iniciativa también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con cambios en artículos clave como el 31, 99, 104, 116, 192 y 310.
Entre los ajustes destacan:
- Topes salariales para funcionarios del INE, OPLES y tribunales electorales.
- Inicio inmediato de cómputos electorales al concluir la jornada.
- Convenios y uso de tecnologías para la fiscalización.
En la Ley General de Partidos Políticos, se plantean reformas a los artículos 30, 50, 51, 54 y 55, que incluyen:
- Transparencia en las remuneraciones de dirigentes partidistas.
- Reporte en tiempo real de operaciones financieras mediante sistemas bancarizados.
- Tope de remuneraciones de hasta 1,500 UMAs.
- Prohibición de recursos ilícitos, no comprobables y del extranjero, así como restricciones a aportaciones en efectivo.
Elección judicial se mantiene en 2027
Dentro del paquete, la presidenta confirmó que la elección judicial se mantiene programada para 2027, con el objetivo de que coincida con las elecciones intermedias y optimizar la organización electoral.
Con este conjunto de medidas, el Plan B llega al Senado con una propuesta integral que apunta a reducir costos, ajustar estructuras y fortalecer la participación ciudadana dentro del sistema electoral mexicano.
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