El “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum ya fue recibida en el Senado de la República. La otra opción para modificar el marco electoral continúa con el sello de la casa: eliminar los privilegios.
Como muestra, la iniciativa de reforma tiene el objetivo de acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia.
En la iniciativa se propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la propia Constitución, es decir que ningún funcionario gane más que la Presidenta Sheinbaum.
Además se determinan los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado, tal como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales, con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.
Otro caso propuesto es la eliminación de los privilegios en la élite política. En el caso del Senado se establecen obligaciones de diagnóstico y ajuste presupuestario a partir del siguiente ejercicio fiscal de un 15% respecto al presupuesto aprobado en 2026.
Esto para evitar que “la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país”.
Asimismo, la reducción contribuye a eficientar el gasto público y a acabar con los privilegios en la utilización de recursos públicos, pilares fundamentales de este gobierno. Para ponerlo en perspectiva, este año el Poder Legislativo ejercerá un presupuesto de 17 mil 529 millones de pesos.
Despilfarro del gasto publico un lastre
En la exposición de motivos del “Plan B”, la presidenta Sheinbaum afirmó que la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno.
No obstante, aseguran, que los gobiernos de la Cuarta Transformación, con el fin de corregir los desvíos de las administraciones anteriores, han impulsado como política de Estado la austeridad republicana.
Un ejemplo de lo anterior ha sido la Ley Federal de Austeridad Republicana en la que se establecen medidas de racionalidad presupuestaria, el comportamiento austero y probo de las personas servidoras públicas, su evaluación y la responsabilidad de las autoridades administrativas correspondientes.
