En el marco del Día Mundial del Agua (22 de marzo), el Gobierno de México presentó los avances de la Nueva Ley de Aguas Nacionales, una reforma que ya muestra resultados concretos: más de 3,500 millones de pesos adicionales en recaudación, miles de trámites resueltos y un nuevo esquema que busca garantizar el acceso equitativo al agua.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue directa al explicar el eje central de la reforma:
“Busca acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley”.
Subrayando que el objetivo principal es cerrar las brechas en el acceso y uso del recurso hídrico.
Fin al negocio oculto del agua y control total de concesiones
Uno de los cambios estructurales más relevantes es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recupera el control total sobre las concesiones, eliminando la posibilidad de que estas sean transferidas entre particulares, práctica que permitió durante años la creación de un “mercado negro del agua”.
“Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano al agua”, afirmó Efraín Morales López, director de Conagua.
Bajo el esquema anterior, concesiones destinadas a uso agrícola eran desviadas hacia negocios industriales, inmobiliarios o de servicios, generando ganancias millonarias. En un caso documentado en Zacatecas, siete títulos se transformaron en 50, generando ingresos de hasta 54 millones de pesos para un particular.
Sanciones, clausuras y combate frontal al uso ilegal
La nueva legislación también endurece las reglas: prácticas como la perforación ilegal de pozos, el uso excesivo de agua o la venta mediante pipas serán sancionadas con multas de hasta 3.5 millones de pesos e incluso penas de prisión de hasta cinco años.
Además, se han realizado más de 7,000 inspecciones, con más de 1,000 clausuras por uso indebido del recurso, marcando un giro en la vigilancia y control del agua en el país.
Entre los casos detectados, autoridades señalaron el uso de concesiones agrícolas para abastecer desarrollos inmobiliarios o vender agua, incluso en contextos donde comunidades cercanas carecían del servicio.
Más ingresos, más orden y apoyo a productores
En materia financiera, la reforma ya muestra impacto: desde 2018, la recaudación por derechos de agua ha crecido en casi 3,500 millones de pesos, con una meta de alcanzar 6,300 millones, lo que representa un incremento proyectado del 21 por ciento.
En paralelo, se han concluido más de 9,500 trámites, beneficiando a pequeños y medianos productores mediante la entrega de títulos y prórrogas. También se contempla la asignación de concesiones a municipios como Rosarito, Tecate, Mexicali, Tijuana y Ensenada, para fortalecer el uso del agua en beneficio directo de la población.
Agua para quien realmente la necesita
Sheinbaum explicó que el modelo anterior bloqueaba el acceso a nuevos usuarios:
“Si este acuífero permitía la explotación de 100 metros cúbicos y ya estaba concesionado a alguien que nunca lo usó, otra persona que realmente lo necesitaba ya no podía obtenerlo”.
Con la nueva ley, ese escenario cambia: las concesiones regresan a la autoridad, que ahora puede reasignarlas a quienes sí harán uso real del recurso, evitando el acaparamiento y la especulación.
Además, la legislación reconoce por primera vez a los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas, integrándolos al nuevo modelo de gestión.
Regulación de empresas y combate a adeudos
El titular de Conagua también informó sobre irregularidades detectadas en empresas, incluidas refresqueras y embotelladoras, por sobreexplotación, falta de pago y anomalías en medición.
En uno de los casos, se identificaron adeudos por 234 millones de pesos, mientras que el monto total presuntivo asciende a cerca de 12 billones de pesos, lo que abre la puerta a sanciones, regularización y cancelación de concesiones.
Con estos cambios, la Nueva Ley de Aguas se posiciona como un reordenamiento estructural del uso del recurso hídrico en México, con foco en la legalidad, el acceso equitativo y el aprovechamiento responsable del agua.
