La Preparatoria Anton Makárenko rechazó las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta expulsión del alumno señalado por el asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y aclaró que el menor seguía inscrito y no presentaba antecedentes de conflicto dentro del plantel.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la institución indicó que el adolescente, de 15 años, formaba parte de la matrícula como alumno de nuevo ingreso, además de que no tenía problemas relacionados con el pago de colegiaturas ni con su comportamiento escolar.
El plantel también precisó que el día de los hechos el joven no asistió a clases de manera regular, sino que únicamente ingresó a las instalaciones y perpetró el ataque en el área de recepción, donde se registró la agresión con arma de fuego.
La dirección subrayó que no existían reportes internos que pudieran anticipar o explicar una conducta de esta naturaleza, por lo que calificó lo ocurrido como un hecho lamentable sin relación con la dinámica académica del estudiante dentro de la institución.
En su posicionamiento, la escuela hizo un llamado a la sociedad a evitar la difusión de información errónea y a actuar con responsabilidad, al señalar que la comunidad educativa atraviesa un proceso de duelo y reflexión tras el homicidio de las docentes.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, elementos de seguridad acudieron al plantel luego de reportarse detonaciones de arma de fuego, donde localizaron a dos mujeres sin signos vitales, identificadas posteriormente como María del Rosario S. y Tatiana B.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la entidad informó que inició una investigación sobre el caso, al considerar que se trata de un hecho que vulnera el derecho a la educación, además de brindar acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas.
La secretaria de Educación estatal, Gabriela Molina Aguilar, expresó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia para dar seguimiento a las indagatorias, mientras la comunidad escolar intenta sobreponerse a lo ocurrido.
