Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura ante el reciente informe de Amnistía Internacional (AI), el cual advierte que la Copa Mundial de la FIFA 2026 corre el riesgo de convertirse en una plataforma para prácticas autoritarias si México, Estados Unidos y Canadá no ajustan su seguridad a los estándares internacionales de derechos humanos.
Al ser cuestionada sobre las preocupaciones de la organización, la mandataria evitó entrar en confrontación directa con el reporte y apeló a la colaboración institucional entre las sedes.
“Yo espero que tengan un buen Mundial en todos los sentidos, en México, en Estados Unidos y en Canadá, y que los gobiernos de los estados y municipales den todas las facilidades para la asistencia a los estadios y para la llegada de visitantes”, señaló Sheinbaum.
El informe de AI destaca una preocupante falta de planeación: de las 16 ciudades sede, solo cuatro han publicado planes de derechos humanos, y ninguna incluye estrategias para proteger a las personas migrantes ante posibles abusos.
La organización sostiene que el torneo ha rebasado la clasificación de “riesgo medio” que la FIFA le otorgó originalmente, debido al actual clima de políticas migratorias y de seguridad.
Estados Unidos, entre deportaciones y perfilamiento racial
El reporte pone especial énfasis en la situación de Estados Unidos, donde en 2025 se deportaron a más de 500 mil personas, una cifra que supera casi ocho veces el aforo previsto para la final en el Estadio MetLife.
La ONG denunció los riesgos en ciudades clave como Dallas, Houston y Miami, en donde se han firmado acuerdos para que policías locales colaboren con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que incrementa el riesgo de detenciones por perfilamiento racial.
Asimismo, en Los Ángeles el presidente Donald Trump federalizó y desplegó a 4 mil miembros de la Guardia Nacional para reprimir protestas contra operativos migratorios durante 2025.
En cuanto al territorio nacional, Amnistía Internacional señaló con preocupación la movilización de cerca de 100 mil agentes de seguridad, incluyendo efectivos militares, como respuesta a los índices de violencia. La organización advierte que esta presencia masiva representa un riesgo adicional para el derecho a la libre manifestación.
