En México, la infancia de miles de niñas se detiene abruptamente no por elección, sino por una crisis de violencia y salud pública que las cifras oficiales comienzan a diseccionar con crudeza. De acuerdo con las mediciones más recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo), durante el año 2025, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz.
Pese a que la tasa específica de fecundidad de adolescentes (TEFA) de México se redujo en 16.7 por ciento, al descender de 72.4 a 60.3 nacimientos del 2015 al 2023 por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, la estadística de la Conapo se traduce en una realidad desgarradora: 22 nacimientos diarios protagonizados por menores que deberían estar en la escuela y no en una sala de partos.
Si bien hay datos positivos y un matiz de esperanza estadística, esta es insuficiente ante la gravedad del problema. De acuerdo a la Tercera Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la fecundidad en niñas menores de 15 años disminuyó 20.1 por ciento al pasar de 10 mil 500 en 2018 a 8 mil 221 en 2024 y la fecundidad forzada pasó de 3.09 a 2.45 por cada mil niñas de 12 a 14 años, cifras que siguen siendo inaceptables.
Para los especialistas y organismos de derechos humanos, mientras exista un solo caso, la cifra sigue siendo un indicador de falla sistémica. Por su parte, la Conapo es tajante al respecto:
“La fecundidad forzada en niñas de entre 10 y 14 años es una grave violación de los derechos humanos y un serio problema de salud pública. En la mayoría de los casos, es consecuencia de violencia sexual”.
El Sur en la mira: Chiapas lidera implementación de protocolos basados en la prevención comunitaria
Este 2026, la ENAPEA tiene como propuesta central de su Fase III un fortalecimiento de la estructura institucional y una territorialización focalizada, en la que se priorizarán los municipios con altos niveles de marginación, mayores tasas de fecundidad adolescente (TFA) y alta prevalencia de uniones infantiles.
Esto responde a que el fenómeno no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. Los estados con las tasas más altas de embarazo infantil coinciden con las regiones de mayor rezago social y presencia de comunidades indígenas, como es el caso de Chiapas, entidad líder nacional en incidencia; Guerrero y Oaxaca.
Ante este panorama, hace apenas dos semanas, el Gobierno Federal y las autoridades chiapanecas lanzaron un proyecto piloto dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).
Este plan se focalizará en tres municipios críticos de Chiapas: San Juan Cancuc, Mitontic y Chamula, identificados como las demarcaciones con los índices más alarmantes de embarazos en este rango de edad.
La secretaria técnica del Consejo Nacional de Población y coordinadora de la Enapea, Gabriela Rodríguez Ramírez, detalló en la reunión de presentación y de articulación interinstitucional que se proyectó la transformación de pautas sociales y prevención comunitaria; la detección, canalización, protección y restitución de derechos; y el acceso a información y servicios.
Cicatrices de la fecundidad forzada
A diferencia del embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, el embarazo infantil (menores de 15) es considerado casi invariablemente como fecundidad forzada. Las implicaciones son devastadoras y multidimensionales.
Impacta a la salud debido a que implica riesgos críticos de preeclampsia, fístulas obstétricas y mortalidad materna, dado que el cuerpo de una niña de 10 años no está biológicamente preparado para la gestación.
Además, existe el trauma derivado de la violencia sexual y la interrupción abrupta del desarrollo cognitivo y emocional; así como la deserción escolar y la perpetuación de los círculos de pobreza.
“Erradicar el embarazo infantil implica acabar con una de las violencias comunitarias más importantes que se da en este país” ha sentenciado la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Silvia Lorena Villavicencio.
El reporte de Conapo subraya que, aunque estos casos ocurren con menor frecuencia que en otros grupos de edad, sus efectos son profundos y duraderos.
Finalmente, los datos demuestras que el reto para 2026 y los años venideros no solo radica en la anticoncepción o la educación sexual, sino en el fortalecimiento del sistema de justicia para perseguir el abuso sexual infantil y en la transformación cultural en regiones donde estos actos suelen normalizarse o quedar impunes.
