Desde el comienzo de las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump en enero de 2025, 14 ciudadanos mexicanos han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios.
Ante lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) califica como un “patrón de deficiencias estructurales”, el Gobierno de México ha tomado una decisión sin precedentes: sumarse formalmente como Amicus Curiae (Amigo de la Corte) a la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada originalmente en enero de este año para denunciar las condiciones inhumanas en los centros de detención estadounidenses.
El caso más reciente, que detonó la última protesta diplomática, ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026 en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California. José Guadalupe Ramos Solano, un ciudadano mexicano de 44 años, fue hallado inconsciente en su celda. A pesar de los intentos de reanimación, falleció poco después en un hospital de Victorville.
Agricultores, adultos mayores y beneficiarios de DACA entre los mexicanos fallecidos
Este deceso no es un hecho aislado. La primera víctima mexicana bajo la segunda administración de Trump fue Abelardo Avellaneda Delgado, hombre de 68 años que fue arrestado por agentes del ICE en abril de 2025 y falleció un mes después tras sufrir complicaciones médicas durante su traslado a un centro federal.
En los meses posteriores se reportaron los decesos de Jesús Molina Veya; Jaime Alanís García -trabajador agrícola y primera víctima mortal relacionada con las redadas de control en lugares de trabajo-; Lorenzo Antonio Batrez Vargas; Óscar Rascón Duarte; Silverio Villegas González; Ismael Ayala Uribe; Miguel Ángel García Hernández; Leo Cruz Silva; Gabriel García Avilés; Heber Sánchez Domínguez; Alberto Gutiérrez Reyes; Royer Pérez Jiménez y, finalmente, José Guadalupe Ramos Solano.
De acuerdo al reporte oficial de la cancillería mexicana y análisis de organizaciones de derechos humanos como Kaiser Family Foundation (KFF) las muertes se concentran principalmente en California (4), Georgia (3) y Arizona (2), además de casos en Texas, Florida, Misuri e Illinois.
De los 14 fallecimientos, al menos seis están relacionados con complicaciones médicas no atendidas a tiempo y cuatro han sido catalogados como suicidios, lo que apunta a una grave carencia en servicios de salud mental. Asimismo, cabe señalar que algunas de las víctimas, como Silverio Villegas, recibieron disparos por parte de los agentes migratorios durante las redadas.
Mediante notas diplomáticas, la SRE ha denunciado la existencia de “infraestructura inadecuada, ausencia de mecanismos de vigilancia y una negligencia que contraviene los protocolos internacionales”.
Muertes relacionadas con ICE en 2025 superan cifras históricas
Informes recientes de la organización KFF y el American Immigration Council revelan que el sistema de detención está bajo una presión extrema. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, se han registrado un total de 46 muertes de personas bajo custodia de ICE (incluyendo diversas nacionalidades), una cifra que ya supera los registros de las últimas dos décadas.
“Pedimos que se respeten los derechos humanos… No estamos de acuerdo con estas formas de detención”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en una reciente conferencia de prensa.
Además de su participación en la demanda colectiva, México ha anunciado que solicitará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es visibilizar las “graves omisiones” en centros como Adelanto, donde la atención médica ha sido calificada de “evidentemente deficiente”.
Por su parte, ICE sostiene en sus comunicados oficiales que cumple con los requisitos de transparencia al notificar al Congreso y a las ONG dentro de los 90 días posteriores a un deceso.
Sin embargo, para las familias de las víctimas y los defensores de migrantes, el tiempo de respuesta y la calidad del cuidado siguen siendo el núcleo de una crisis humanitaria que no da señales de tregua
