La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizó una denuncia contra Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de la empresa, tras el escándalo nacional provocado por la ostentosa celebración de XV años de su hija, cuyo costo estimado asciende a los 40 millones de pesos.
El evento, que se volvió viral en redes sociales días antes de su realización, destacó por una logística propia de espectáculos internacionales, decoraciones de lujo y la presentación de artistas de renombre, lo que desató una ola de indignación y cuestionamientos sobre la procedencia del capital utilizado.
La controversia escaló al revelarse los detalles laborales de la anfitriona. Guillén Ávalos ocupa el puesto de auxiliar técnico “B” en la estructura de Pemex, con una percepción mensual neta de aproximadamente 38 mil pesos.
Ante la evidente desproporción entre sus ingresos oficiales y el gasto de la fiesta, Pemex presentó la denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El objetivo es realizar una auditoría exhaustiva a su situación patrimonial para descartar actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Bajo la lupa: patrimonio y posibles conflictos de interés
La investigación no se limita únicamente al evento social. Reportes sobre sus declaraciones patrimoniales previas han encendido las alarmas de las autoridades, ya que la funcionaria ha reportado la propiedad de casas y terrenos adquiridos bajo diversas modalidades y la posesión de automóviles de lujo, algunos de ellos liquidados al contado.
A este escenario se suma la figura de su esposo, Juan Carlos Guerrero Rojas, quien ha sido identificado como empresario y contratista vigente de Pemex. Esta relación ha derivado en señalamientos directos sobre posibles conflictos de interés y el uso de su posición dentro de la paraestatal para favorecer negocios familiares.
Hasta este momento, las autoridades federales no han dictado sanciones administrativas ni penales, pero se ha confirmado que la investigación sigue su curso. Se espera que en las próximas semanas la Secretaría Anticorrupción determine si existe una base legal para proceder por irregularidades financieras.
“Se busca esclarecer si hubo un desvío de recursos o si el patrimonio reportado guarda congruencia con la realidad económica de la empleada y su entorno familiar”, señalaron fuentes cercanas al caso.
El suceso ha reavivado el debate público sobre la transparencia en las empresas del Estado y la vigilancia sobre los niveles operativos que manejan información sensible o vínculos con proveedores.
