La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma constitucional que elimina formalmente las llamadas “pensiones doradas” para exfuncionarios de empresas estatales marca un hito en la política de austeridad republicana, pues las nuevas disposiciones legales entran en vigor de manera inmediata en todo el territorio nacional.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece un tope estricto a las percepciones de los jubilados del sector público, alineándolas con los principios de remuneración del servicio activo.
A partir de hoy, queda constitucionalmente prohibido que cualquier funcionario pensionado reciba un monto superior a los 134 mil pesos mensuales. Esta cifra corresponde exactamente a la mitad del salario que percibe la titular del Ejecutivo Federal en este 2026.
La modificación constitucional es tajante en su redacción:
“Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, cita una de las fracciones reformadas.
El camino hacia esta reforma estuvo marcado por las denuncias presentadas durante las conferencias matutinas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la dirección de Raquel Buenrostro.
Impacto en la administración pública
Originalmente, la dependencia expuso casos de supuestas pensiones que alcanzaban hasta el millón de pesos mensuales, lo que aceleró el respaldo social y legislativo a la propuesta presidencial.
Sin embargo, tras el escrutinio de los datos, la dependencia tuvo que realizar precisiones importantes. La Secretaría aclaró posteriormente que los montos presentados inicialmente no eran exactos y que ninguna de las pensiones bajo análisis llegaba realmente al millón de pesos afirmado públicamente.
Asimos, se realizaron correcciones en seis registros específicos. En el caso de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), de quienes se dijo percibían cifras millonarias, se aclaró que el monto real más alto detectado era de 201 mil 961 pesos.
A pesar de la corrección en las cifras presentadas inicialmente, la administración federal mantuvo el enfoque en que montos superiores a los 200 mil pesos siguen excediendo los límites éticos y legales que busca establecer la nueva normativa.
Con la entrada en vigor de este decreto, las instituciones del Estado y las empresas públicas deberán iniciar el ajuste de los tabuladores de pensiones para garantizar que ningún exfuncionario rebase el límite establecido de 134 mil pesos, consolidando así el tope salarial como una norma inamovible de la estructura burocrática mexicana.
