El Gobierno Federal inició un análisis detallado de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Pese a haber manifestado un rechazo inicial a las conclusiones que califican el fenómeno como un delito de “lesa humanidad” debido a su persistencia sistemática, la mandataria optó por un tono de apertura hacia la coordinación internacional.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que su administración mantiene canales abiertos para enfrentar esta crisis: “Hay comunicación y hay un plan de trabajo”, aseguró.
La presidenta fue enfática al señalar que el disenso en ciertos puntos del informe no frena la colaboración con los organismos internacionales. El objetivo es identificar las áreas de apoyo y coordinación que la ONU ofrece para robustecer las políticas locales.
“Nosotros rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos”, puntualizó la mandataria.
Para procesar el documento y presentar los argumentos del Estado mexicano, se ha conformado un grupo integral de trabajo en el que participan la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Fiscalía General de la República (FGR), por invitación del Ejecutivo y Arturo Zaldívar, desde la oficina de la Presidencia.
Hacia una atención integral y reformas legales
La jefa del Ejecutivo destacó que el gobierno ya ha propuesto modificaciones legislativas diseñadas para erradicar este delito y garantizar la justicia. El plan busca no solo responder a las observaciones internacionales, sino demostrar los avances internos en la materia.
Los objetivos centrales del plan de trabajo incluyen:
- Informar los avances: dar a conocer a los organismos internacionales las acciones actuales en la búsqueda y atención a víctimas.
- Atención a familias: Garantizar un acompañamiento integral a los núcleos familiares afectados.
- Garantía de verdad: Utilizar los cambios en la ley para asegurar que la justicia y la verdad prevalezcan en todos los casos.
“Se está revisando todo el informe para poderle dar todos los argumentos… y tomar la parte importante del informe hacia el gobierno de México que nosotros reconocemos para poder dialogar”, concluyó la presidenta.
