Ante las constantes fallas y el incumplimiento en el suministro de agua potable, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció el inicio de mesas de trabajo con la empresa concesionaria Agua de Puebla. El objetivo central es rectificar las deficiencias y garantizar que las familias poblanas reciban un servicio de calidad, bajo la premisa de que el acceso al líquido es un derecho humano inalienable.
Durante el anuncio, el mandatario estatal fue tajante al señalar que su administración actuará estrictamente conforme a la ley.
Sin embargo, aclaró que, por el momento, la rescisión del contrato no es la vía inmediata, debido a que este proceso legal podría resultar costoso y prolongarse durante varios años, afectando aún más a la ciudadanía.
“Como gobierno tenemos la obligación de garantizar el derecho humano al agua”, afirmó Armenta Mier, subrayando la necesidad de actuar con sensibilidad social.
Acciones inmediatas: 100 pipas para la población
Como medida de mitigación ante el desabasto, el Ejecutivo informó la adquisición de 100 unidades de pipas que serán destinadas a atender de manera prioritaria a las colonias que carecen del suministro.
Asimismo, el gobernador recordó que, según el artículo 115 de la Constitución Política, la prestación de servicios básicos es también responsabilidad de los municipios. Por ello, hizo un llamado enérgico a las y los alcaldes para que asuman su rol en la resolución de esta problemática en sus respectivas demarcaciones.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que tras un análisis técnico se identificaron faltas graves por parte de la concesionaria, entre las que destacan:
- Incumplimientos en el plan de inversión comprometido.
- Desviaciones en los estándares de desempeño del servicio.
- Diversas faltas administrativas que representan montos económicos considerables.
García Parra enfatizó que el gobierno busca evitar un litigio prolongado, priorizando que la empresa cumpla con sus obligaciones técnicas y financieras en beneficio directo de los usuarios.
Censo de beneficiarios
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que ya se trabaja en la integración de un padrón de beneficiarios. Este registro permitirá identificar dos sectores críticos: la población que carece totalmente de red de suministro y usuarios que, a pesar de contar con contrato, reciben el servicio de manera irregular o deficiente.
Con estas acciones, el Gobierno de Puebla busca alinearse a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando el compromiso de elevar las condiciones de vida en el estado mediante el acceso digno a servicios públicos esenciales.
