Dueante los últimos dos sexenios, el uso del término “narco-Estado” y variantes como “narco- presidenta” han permeado el discurso público en México como una etiqueta rápida y simplista para explicar la violencia. Sin embargo, los hallazgos recientes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sugieren que esta simplificación no solo es imprecisa, sino que desdibuja la verdadera y compleja naturaleza de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Si bien el documento ha sido cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quién consideró que el análisis del comité no es “muy exacto” porque “extrapolan” los datos de cuatro estados, de 2009 a 2017, a la situación actual a nivel nacional, las conclusiones constatar que no existen datos que demuestren la existencia de un “narco Estado” presente.
Sin embargo, el informe del Comité es contundente: desde 2006, en México se han perpetrado y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”. El organismo destaca la existencia de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil.
“No existen indicios de que la desaparición sea una política coordinada”
No obstante, aquí es donde la narrativa del “narco-Estado”, que sugiere un aparato federal volcado íntegramente al servicio del crimen, choca con la realidad jurídica y fáctica. El Comité aclara puntos fundamentales que obligan a repensar el uso de etiquetas sensacionalistas.
Al remontarse a 2006, punto de partida para el análisis de las desapariciones en México, el Comité reconoce que la “guerra contra las drogas” generó el caldo de cultivo para la violencia. Sin embargo, también se asevera que no existen indicios de que la desaparición forzada sea una política coordinada desde la cúspide del Gobierno Federal.
“El Comité concluye que, aunque se están produciendo varios «ataques» y crímenes contra la humanidad en el territorio de México, no hay indicios fundados de que exista a nivel federal, una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión”.
Aunque la falta de medidas eficaces para prevenir y sancionar estos crímenes ha fomentado la impunidad, el Comité señala que esto no equivale necesariamente a una “omisión deliberada” bajo los estándares del Estatuto de Roma.
De acuerdo al documento, la verdadera tragedia reside en la fragmentación. Los ataques responden a políticas estatales u organizacionales aplicadas en niveles municipales y estatales, donde organizaciones criminales actúan de forma autónoma o con la aquiescencia de autoridades locales.
Precisión del informe y etiquetas reduccionistas
La precisión del informe, sin embargo, ha sido cuestionada por distintas Comisiones nacionales y funcionarios, principalmente debido a que no esclarece una división precisa entre las estrategias diseñadas en los últimos años para atender el problema de los desaparecidos.
Al respecto, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Congreso de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, capitalina subrayó que dicho informe no presenta una diferenciación clara entre los últimos periodos de Gobierno en México, ni distingue cambios en las políticas del Estado.
“La realidad es que de un gobierno a otro hay un cambio radical y eso no puede ser ignorado”.
Pese a ello, las conclusiones de la ONU indican que llamar a México un “narco-Estado” presupone una unidad de mando criminal que el Comité no encuentra a nivel federal. En cambio, el informe sugiere un Estado sobrepasado y fragmentado, donde la impunidad no es siempre un plan maestro, sino una falla estructural de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
El Comité enfatiza que para que existan crímenes de lesa humanidad no es necesario que el ataque se conciba en “las más altas esferas del aparato estatal”.
Al centrar el debate en la etiqueta de “narco-Estado”, se corre el riesgo de ignorar que el problema no es solo la infiltración del narco, sino la incapacidad o falta de voluntad de los tres niveles de gobierno para reformar estructuras que permiten que estos ataques continúen.
