En un golpe estratégico contra las finanzas del crimen organizado, autoridades federales confirmaron la desarticulación de una sofisticada red denominada “Los Petrofactureros”. Este grupo operaba un esquema de simulación de operaciones comerciales para blanquear recursos provenientes del contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
A inicios de abril de 2026, la fiscalía procedió a la judicialización del caso, logrando la captura de seis operadores clave y el aseguramiento de activos millonarios.
La investigación, sustentada por diversas autoridades financieras mexicanas, reveló que los “Petrofactureros” utilizaban a personas físicas que fungían como representantes, socios o firmantes ante instituciones hacendarias y bancarias.
Pese a ostentarse como comercializadoras, estas empresas presentaban las siguientes irregularidades:
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Falta de infraestructura: no contaban con instalaciones, personal ni permisos legales para transportar o distribuir hidrocarburos.
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Diversificación de giros: la red utilizaba más de 40 empresas fachada en sectores como logística, construcción, energéticos, maquiladoras y transporte.
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Dilución de responsabilidad: el entramado estaba diseñado para dificultar la identificación individual de los líderes y dar una apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita.
Resultados del operativo y aseguramientos
Como resultado de las órdenes de aprehensión ejecutadas, se logró la detención de seis posibles participantes, identificados como operadores, prestanombres y líderes de la red, vinculados directamente con al menos ocho de las empresas investigadas.
Además, las autoridades reportaron un impacto financiero inmediato contra la organización criminal, logrando el aseguramiento de bienes por un valor total aproximado de 120.8 millones de pesos.
Hasta el momento del informe se han asegurado cinco inmuebles con valor total de 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama con un valor aproximado de 66.6 millones de pesos, joyería con un valor cercano a 1.6 millones de pesos y dinero en efectivo que asciende al menos a 265 mil pesos.
Dicho esquema se utilizó para operar en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, y les permitía fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país por puertos marítimos, su desplazamiento a gran escala mediante infraestructura ferroviaria y su posterior redistribución a través de transporte terrestre.
La Fiscalía General de la República (FGR) enfatizó que la investigación no ha concluido. Con las pruebas obtenidas tras la judicialización de abril, las autoridades buscarán profundizar en la estructura para identificar a la totalidad de los involucrados y asegurar que todos los responsables enfrenten la justicia bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
