A más de cinco años de uno de los episodios más violentos registrados en el sur de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de 13 personas responsables de la masacre de 12 hombres en el municipio de Las Choapas.
Un juez de control determinó la responsabilidad penal de Esteban “N”, Rodolfo “N”, José Rodolfo “N”, Mario “N”, Bonifacio “N”, Juan “N”, Fredy “N”, Juan “N”, Alfonso “N”, Juan Alfredo “N”, Hugo “N”, José “N” y José “N” por los hechos ocurridos el 17 de enero de 2021.
La tragedia que conmocionó a la entidad se originó, según las investigaciones ministeriales y declaraciones emitidas en su momento por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, debido a una fractura interna y disputa entre grupos de ganaderos que operaban en la zona de Las Choapas y el Uxpanapa.
”Modus operandi” del crimen
Reportes periodísticos de la época señalaron que tanto las víctimas como los victimarios formaban parte de organizaciones de vigilancia con dinámicas similares a las autodefensas. Discrepancias, amenazas previas y presuntos abusos de autoridad entre los bandos habrían sido el detonante de la ejecución masiva.
La investigación de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos logró reconstruir la ruta del crimen, determinando que los sentenciados operaron como un grupo armado que privó de la libertad a sus víctimas en distintos puntos de la región sur.
La primera víctima fue interceptada en el municipio de Minatitlán. El resto del grupo fue privado de su libertad sobre la carretera Misantla-Tonconada.
Tras ejercer violencia física en su contra, las 12 personas fueron trasladadas a un terreno baldío en la misma vía, donde fueron asesinadas con armas de fuego.
“Como resultado de una investigación ministerial sólida y del desahogo de pruebas en juicio oral, se obtuvo esta sentencia que reafirma el compromiso contra la impunidad”, informó la Fiscalía en un comunicado.
Reparación del daño y pérdida de derechos
Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso a los 13 sentenciados la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como el pago obligatorio por concepto de reparación del daño a los familiares de las víctimas.
Con este fallo, se cierra jurídicamente uno de los casos más emblemáticos de violencia rural en Veracruz, subrayando la gravedad de las actividades de grupos armados paralelos a las fuerzas de seguridad oficiales en la zona sur del estado.
