El Instituto Nacional Electoral (INE) buscará evitar que los políticos realicen actos anticipados de campaña, tras una resolución polémica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a los procesos internos inéditos.
La propuesta del INE es que los partidos avisen al árbitro electoral de la propaganda de los procesos internos, misma que se sumaría como tal a los ingresos y gastos.
De esta manera, en materia de fiscalización, se considerarían los gastos de los procesos internos para acreditar posibles rebases a topes de erogaciones.
La información la adelantó La Jornada tras una entrevista con el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la comisión de Quejas y Denuncias del INE.
“El principal problema lo tenemos en los criterios de la sala superior del TEPJF, (máxima instancia de decisión en materia electoral) que se apartó de su propia doctrina aplicada durante 15 años y decidió señalar que sólo son actos anticipados los que cumplen con la formalidad inexcusable de llamar al voto”, dijo.
Cabe recordar que en 2023, cuando los partidos seleccionaban a sus candidatos, aunque sin darles la característica específica porque habría sido inconstitucional, la mayoría de los magistrados –salvo Janine Otálora que advirtió en ello fraudes a la ley– convinieron en no prohibirlos.
Castillo explicó que ante el panorama el INE “no puede hacer mucho”, pues la sentencia del TEPJF establece que no todo acto preparatorio, incluso fuera del proceso electoral, constituye un acto anticipado de precampaña y campaña.
El consejero hizo énfasis en la necesidad de contar con elementos que permitan disminuir los daños por esas acciones partidistas.
“Es una ironía”, añadió, porque sí podrían sancionarse los procesos internos de los partidos si se evaluaran con base en el criterio que regía en 2024, cuando había “equivalentes funcionales” que permitían hacer una interpretación de la realidad, aun cuando los políticos no hicieran llamados explícitos al voto.
