Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró este lunes que la asignación de escoltas para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, responde a un análisis de riesgo preventivo y no a la existencia de amenazas concretas o peligro de un ataque inminente.
Desde la capital sinaloense, donde encabezó un mensaje de respaldo a la ciudadanía, Harfuch precisó los detalles de esta medida, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionara por la mañana que el mandatario estatal contaba con protección oficial.
A diferencia de lo interpretado inicialmente, el secretario Harfuch subrayó que la seguridad no fue una solicitud expresa del gobernador con licencia. Por el contrario, se trató de una recomendación emanada del propio Gabinete de Seguridad tras evaluar su perfil y el contexto regional.
“En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad; no es un dispositivo grande, son pocos elementos”, explicó el funcionario, quien mantuvo bajo reserva el número exacto de escoltas por razones de confidencialidad.
Harfuch enfatizó que la medida es estándar para exfuncionarios de alto nivel que operaron en zonas con altos índices de criminalidad: “Al ser Sinaloa un estado donde ha habido hechos violentos, lo que se considera es que tenga escolta”, señaló.
Sin evidencias de peligro inminente
Al ser cuestionado sobre si Rocha Moya es considerado un blanco para grupos armados, el titular de la SSPC fue categórico al negar que existan evidencias de riesgo. Aseguró que el mandatario con licencia no ha recibido amenazas en su contra y que la protección es meramente institucional debido a la relevancia de su cargo anterior.
Este despliegue de seguridad ocurre en un momento de alta tensión política y judicial para el exgobernador. Apenas la semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya de cargos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas, vinculándolo presuntamente con el Cártel de Sinaloa.
Ante estas acusaciones, el gobierno estadounidense ha solicitado formalmente a México la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición. Pese a este escenario jurídico internacional, el Gobierno Federal ha mantenido una postura de acompañamiento institucional en materia de seguridad personal mientras se resuelven las investigaciones correspondientes.
