En un ambiente de creciente tensión diplomática, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes una reunión de carácter urgente con la totalidad de su gabinete legal y ampliado en sus oficinas de Palacio Nacional.
El encuentro ocurre apenas horas después de que el Gobierno de Estados Unidos formalizara una solicitud para detener y extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve servidores públicos de esa entidad por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La reunión inició formalmente poco después de las 13:30 horas en el recinto presidencial. Entre los primeros en acudir al llamado se encontró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien ingresó para coordinar los trabajos con el resto de los secretarios de Estado y titulares de organismos que conforman el gabinete ampliado.
El carácter integral del encuentro quedó de manifiesto con la asistencia de funcionarios de áreas tan diversas como Economía, Energía, Trabajo, Cultura, Turismo y Medio Ambiente, además de los directores de las principales instituciones del sector salud y bienestar.
Sheinbaum enfatiza defensa de la soberanía
La relevancia del tema de seguridad fue evidente con la llegada del bloque operativo de alto mando. Exactamente a las 13:33 horas, arribaron en un convoy los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, procedentes de una visita estratégica a Culiacán, Sinaloa.
Minutos después de su llegada, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, ingresó de manera apresurada al edificio para integrarse al cónclave, subrayando la urgencia de la agenda federal ante los señalamientos de las autoridades estadounidenses.
Previo al inicio de esta sesión de trabajo a puerta cerrada, la mandataria federal fijó una postura firme respecto a la solicitud de extradición masiva que sacude al estado de Sinaloa. Sheinbaum Pardo enfatizó que su administración defenderá la soberanía nacional y no aceptará presiones externas de ninguna índole.
En este sentido, informó que la Cancillería mexicana ya ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos las pruebas que respalden las acusaciones contra los funcionarios sinaloenses, estableciendo que cualquier proceso judicial deberá basarse en evidencias contundentes y no solo en señalamientos.
