La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una victoria judicial que le permite tomar control de una residencia de lujo perteneciente a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). El inmueble se encuentra ubicado en Lomas de Bezares, una de las zonas de mayor plusvalía en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La propiedad, cuyo valor se estima en más de 51 millones de pesos, pasará formalmente a ser parte del patrimonio del Estado Mexicano. Esto ocurre luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito confirmara la procedencia de la acción de extinción de dominio impulsada por la Fiscalía, agotando así los recursos legales para la defensa del exfuncionario.
La resolución del Tribunal ratifica que el inmueble fue adquirido mediante recursos de procedencia ilícita, vinculados directamente con los esquemas de sobornos que han marcado el proceso judicial contra Lozoya. Con esta sentencia, se declara la pérdida de los derechos de propiedad para el particular, sin contraprestación ni compensación alguna por parte del Gobierno.
Residencia fue adquirida mediante corrupción en la venta de la planta Agronitrogenados
La residencia de Lomas de Bezares ha sido, desde el inicio de las investigaciones, un símbolo central en el caso de la compra irregular de la planta de Agronitrogenados. Según las indagatorias de la FGR, parte de los sobornos pagados por la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) habrían sido utilizados para la adquisición y remodelación de esta propiedad.
Tras la confirmación del fallo, se espera que la propiedad sea administrada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). El destino final del inmueble o de los recursos obtenidos por su posible subasta deberá ser determinado conforme a la Ley Federal de Extinción de Dominio, que prioriza el financiamiento de programas sociales y el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia.
Esta victoria legal representa uno de los avances más significativos para la FGR en la recuperación de activos derivados de la corrupción de administraciones pasadas, reafirmando la ruta judicial para desmantelar las estructuras financieras de quienes abusaron de su cargo público.
