El Gobierno de Israel ha aprobado un incremento masivo en su presupuesto destinado a la Diplomacia Pública (Hasbara) para el año fiscal 2026. Según informes recientes de ministerios clave, la cifra alcanzará los 730 millones de dólares, lo que representa casi cinco veces la asignación del ciclo anterior.
Este aumento presupuestario se produce en un contexto de fuerte oposición global a las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en múltiples frentes regionales, incluyendo Gaza, Irán, Líbano y otras zonas de conflicto.
El presupuesto de 730 millones de dólares busca reestructurar la narrativa israelí en el extranjero a través de diversos canales. Según fuentes institucionales como Taylor & Francis y medios especializados en política exterior, los fondos podrán distribuirse en las siguientes áreas estratégicas:
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Campañas en medios digitales: intensificación de la presencia en redes sociales mediante algoritmos de segmentación y colaboraciones con influencers globales.
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Gestión de crisis internacional: fortalecimiento de las delegaciones diplomáticas en Europa y América Latina, donde la opinión pública ha mostrado los niveles más bajos de aprobación hacia Israel en décadas.
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Contenidos de soft power: producción de materiales audiovisuales, documentales y eventos culturales diseñados para mejorar la percepción del país más allá del conflicto armado.
Factor de la Hasbara en 2026
La Hasbara, término hebreo que se traduce como “explicación”, es la estrategia de relaciones públicas de Israel para defender sus políticas. La Comunidad Palestina de Chile señala que el salto presupuestario es una respuesta directa a lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores define como una “guerra de desinformación” y una pérdida de apoyo entre las generaciones más jóvenes (Gen Z y Millenials) a nivel mundial.
“El objetivo no es solo informar, sino recuperar la hegemonía de la narrativa en espacios donde Israel ha perdido terreno frente a los movimientos de solidaridad internacional”, señala un informe de analistas de seguridad en la región.
La decisión de inyectar este capital extraordinario surge tras un 2025 marcado por resoluciones de organismos internacionales y una presión constante de la sociedad civil global.
Informes de organizaciones como Reporters Without Borders y diversos think tanks de Medio Oriente sugieren que gran parte de esta inversión también se destinará a combatir “campañas de boicot, desinversión y sanciones” (BDS) que han ganado tracción en universidades y sectores económicos clave durante el último año.
El incremento de recursos ocurre mientras la población civil en las zonas de conflicto continúa enfrentando crisis humanitarias severas, lo que añade una capa de controversia ética al uso de estos fondos públicos.
