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Avanza juicio político contra Samuel García en Nuevo León por señalamientos de presunta triangulación de recursos

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León determinó dar continuidad al proceso de juicio político promovido contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, luego de que legisladores aprobaran que la denuncia presentada en su contra siga su trámite formal.

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Con seis votos a favor y uno en contra, los integrantes de la comisión avalaron avanzar con el expediente relacionado con acusaciones sobre una presunta triangulación de recursos públicos por un monto cercano a los mil millones de pesos, los cuales habrían llegado a despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.

Como parte del procedimiento, Samuel García contará con un periodo de 15 días hábiles para presentar su defensa. El gobernador podrá responder personalmente, entregar un escrito o designar a un representante legal para atender el proceso.

La solicitud de juicio político fue presentada el pasado 8 de junio por la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel del Roble Alcocer, quien acudió al Congreso acompañada por integrantes del partido para formalizar los señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del gobierno de Nuevo León.

FOTOGRAFÍA:ESPECIAL

La acusación también fue llevada ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde Morena denunció una supuesta red de transferencias entre dependencias estatales, organismos públicos y empresas proveedoras. De acuerdo con el señalamiento, parte del dinero habría terminado en el despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde presuntamente existirían vínculos familiares con el gobernador.

Durante la sesión de la Comisión Anticorrupción participaron legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena; sin embargo, algunos integrantes de la bancada morenista no acudieron al encuentro en el que inició formalmente el análisis del procedimiento.

El caso forma parte de una investigación política y legal impulsada por Morena, mientras las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para continuar con las acusaciones. Por ahora, el proceso seguirá su curso dentro del Congreso de Nuevo León.

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