- Entre los argumentos destacan la necesidad de contar con categorías que permitan identificar patrones específicos de violencia contra personas trans y facilitar el seguimiento
Organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual intensificaron sus demandas para que el Congreso de Nuevo León incorpore la figura del transfeminicidio en la legislación estatal, una petición que ha cobrado fuerza en medio de movilizaciones y pronunciamientos públicos realizados por colectivos de personas trans y agrupaciones de derechos humanos.
La exigencia se produjo durante actividades de visibilización y protesta efectuadas en Monterrey, donde activistas señalaron la necesidad de contar con herramientas jurídicas específicas para investigar y sancionar los asesinatos cometidos contra mujeres trans cuando existan elementos relacionados con discriminación, identidad de género o violencia motivada por prejuicios. Las organizaciones participantes sostienen que el reconocimiento legal permitiría generar estadísticas más precisas y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
El debate sobre la creación de esta figura jurídica ha permanecido en la agenda pública de Nuevo León durante los últimos años. Diversos colectivos han promovido iniciativas y mesas de trabajo con legisladores para analizar posibles reformas al Código Penal estatal. Entre los argumentos presentados destacan la necesidad de contar con categorías que permitan identificar patrones específicos de violencia contra personas trans y facilitar el seguimiento institucional de estos casos.
De acuerdo con organizaciones civiles y organismos especializados en derechos humanos, México ha registrado avances en el reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual, aunque persisten desafíos relacionados con la atención de delitos motivados por discriminación. En distintas entidades federativas se han impulsado reformas encaminadas a ampliar la protección jurídica de grupos históricamente vulnerables y a fortalecer las políticas de igualdad y no discriminación.
En el ámbito federal, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar la inclusión y la igualdad. Dependencias federales han mantenido estrategias de coordinación con organismos estatales para promover acciones contra la discriminación y fortalecer los mecanismos de atención a víctimas de violencia.
Mientras continúan las discusiones legislativas en Nuevo León, colectivos y organizaciones anunciaron que mantendrán actividades de diálogo, sensibilización y acompañamiento jurídico para impulsar reformas que permitan atender las demandas planteadas por la comunidad trans. El tema seguirá siendo analizado por legisladores, especialistas y representantes de la sociedad civil en los próximos meses, en busca de acuerdos sobre el alcance de las modificaciones legales propuestas.
