- La Semarnat informó recientemente que la autorización del proyecto permanece vigente, pero su desarrollo y eventual operación continúan sujetos a supervisión permanente de las autoridades federales.
Comunidades indígenas mayo-yoreme de la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, Sinaloa, anunciaron que tomarán de manera indefinida las instalaciones de la planta de amoniaco que se construye en Topolobampo, al considerar que el proyecto representa riesgos ambientales y culturales para la región. Los grupos opositores sostienen que la operación de la obra podría afectar ecosistemas costeros, actividades pesqueras y espacios considerados de valor histórico para los pueblos originarios.
La movilización ocurre en un contexto de creciente debate sobre el futuro de la planta impulsada por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyecto que desde hace más de una década enfrenta recursos legales, protestas sociales y procesos de consulta. Representantes comunitarios han denunciado posibles afectaciones a la biodiversidad de la bahía de Ohuira y han reiterado acusaciones de “ecocidio” y “etnocidio”, argumentos que han sido expuestos en diversas manifestaciones realizadas durante las últimas semanas.
Frente a la controversia, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la postura de que cualquier avance del proyecto debe apegarse a las disposiciones ambientales y a los mecanismos de participación establecidos por la ley. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó recientemente que la autorización del proyecto permanece vigente, pero su desarrollo y eventual operación continúan sujetos a supervisión permanente de las autoridades federales.
La administración federal también ha dado seguimiento a los procesos de consulta realizados con comunidades indígenas de la región. De acuerdo con información oficial, distintas dependencias participaron en asambleas y encuentros comunitarios para recoger opiniones sobre el proyecto, en cumplimiento de resoluciones judiciales emitidas en años recientes.
Mientras los grupos opositores preparan nuevas acciones de protesta, las autoridades federales mantienen abiertos los canales institucionales para atender las inquietudes de las comunidades y verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental. El caso de Topolobampo se ha convertido en uno de los principales desafíos de conciliación entre desarrollo industrial, protección ecológica y derechos de los pueblos originarios en el noroeste del país, un proceso que continúa bajo revisión de las instancias competentes del gobierno mexicano.
