- Como parte de la resolución, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Raúl Campos Espinoz, ex comisario de la desaparecida Policía Federal, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, en un caso relacionado con hechos ocurridos en septiembre de 2017. La resolución judicial representa un nuevo avance en las investigaciones que buscan esclarecer presuntas violaciones graves a los derechos humanos registradas durante años anteriores.
De acuerdo con información de la dependencia, Campos Espinoza se desempeñaba como Comisario Jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal cuando presuntamente ocurrieron los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación. Tras diversas diligencias realizadas por autoridades ministeriales, la FGR logró ejecutar una orden de aprehensión en su contra en el municipio de La Piedad, Michoacán.
La institución señaló que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, presentó ante la autoridad judicial diversos datos de prueba que fueron considerados suficientes para que un juez determinara iniciar el proceso penal correspondiente. Como parte de la resolución, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.
El juzgador también fijó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria, etapa en la que las partes podrán aportar nuevos elementos relacionados con el caso. La FGR indicó que las indagatorias continúan con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
La desaparición forzada constituye uno de los delitos más graves contemplados en la legislación mexicana y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. En los últimos años, las instituciones de procuración de justicia han reforzado las investigaciones sobre casos ocurridos en administraciones pasadas, con el propósito de garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas y sus familiares.
El caso se suma a otras acciones emprendidas por las autoridades federales para combatir la impunidad en delitos de alto impacto y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las corporaciones de seguridad pública, particularmente en asuntos relacionados con posibles abusos cometidos por servidores públicos.
