Lo ocurrido recientemente en el Congreso de Yucatán, donde una multa federal de casi un millón de pesos obligó a los legisladores a reformar a contrarreloj el Artículo 1 de su Constitución local para garantizar el aborto legal, representa, para el movimiento feminista y el litigio estratégico, un precedente jurídico histórico que desmonta la simulación legislativa en estados con alta resistencia conservadora, como Aguascalientes y Guanajuato.
En entrevista con Revolución 3.0, Angie Contreras, feminista y vocera de Mujeres Vivas y Libres, desmenuza las implicaciones de esta sanción y advierte que, tras este caso, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejaron de ser sugerencias opcionales para los servidores públicos.
En este sentido, la especialista recuerda que tanto en Yucatán como en Aguascalientes, no es la primera vez que tanto desde los movimientos sociales como la Suprema Corte se ven obligados a presionar a los congresos a cumplir la Constitución, pues la resistencia de dichas legislaciones se remontan a 2021.
El dinero como el único motor real para las y los legisladores conservadores
Durante años, los congresos locales han postergado o “parchado” las resoluciones de la SCJN en materia de derechos reproductivos, escudándose bajo el argumento de la soberanía estatal. Sin embargo, el caso de Yucatán demostró que el freno no era de corte soberano, sino ideológico
“Lo lamentable es que hasta que los legisladores se ven afectados económicamente es cuando entonces ahora sí deciden hacer la reforma”, señala Contreras.
La clave de este movimiento judicial radica en la naturaleza de la sanción, dado que la multa no podía ser liquidada con el presupuesto público del Congreso, sino que debía salir directamente de los bolsillos personales de las y los diputados.
“Hasta que no hubo un perjuicio para ellos, que fue pagar de su bolsa una multa, entonces ahora sí decidieron votarlo. Votaron todas y todos, incluidos los del PAN y el Verde, que son principalmente los que luego están en contra de los derechos de las mujeres”, enfatiza.
Para la especialista, esto evidencia que el derecho a la salud de las mujeres sigue condicionado a los intereses particulares de la clase política, quienes recurren a la simulación:
“Se pintan de morado los 8 de marzo o cuelgan lazos contra la violencia, pero cuando toca votar las leyes que realmente benefician la salud, entonces ya no les conviene”.
Desmitificando la supuesta soberanía estatal
Uno de los discursos más recurrentes en entidades como Aguascalientes, donde el Congreso local pretendió el año pasado retroceder la despenalización del aborto de 12 a solo 6 semanas, es que la intervención de la SCJN vulnera la soberanía del estado.
La especialista es tajante al desmentir esta postura y asegura que no es invasión de facultades, pues la Corte no modifica los códigos locales de forma automática. Lo que hace es señalarle al Congreso un error constitucional y ordenarle corregirlo.
En este sentido, Contreras señala que la soberanía se respeta porque el Poder Legislativo local es quien debe realizar formalmente la modificación.
“Los congresos acatan constantemente acciones de inconstitucionalidad en temas económicos o fiscales sin apelar a la soberanía. Solo usan ese argumento cuando se trata del derecho a decidir, porque el fondo es el temor a perder el control sobre nuestros cuerpos”, explica.
De acuerdo a la especialista, el espejo de Yucatán debe servir para anticipar las jugadas políticas en el Bajío. Ante la inminente resolución de la SCJN que obligará a Aguascalientes a mantener el límite de las 12 semanas, existe el riesgo real de que el Congreso hidrocálido recurra a parches legislativos o simulaciones para evitar sanciones financieras, sin garantizar un acceso real a la salud.
“El riesgo de la despenalización parcial es que agregan otras trabas alrededor que sirven de colchón para obstaculizar el acceso”, advierte Contreras.
Entre estas barreras secundarias destacan leyes de protección a la “vida desde la concepción” vigentes en las constituciones locales, objeción de conciencia institucionalizada o trabas administrativas para el personal médico, centralización de los servicios de salud (clínicas de aborto legal únicamente en las capitales) y falta de asignación presupuestal específica en las leyes de salud locales.
Una lucha intergeneracional que no puede dar un paso atrás
Por ello, Angie Contreras sostiene que el camino del movimiento feminista no termina en el Código Penal: “La despenalización tiene que venir de la mano con una reforma integral a la Ley de Salud Pública”.
Finalmente, al ser cuestionada sobre las lecciones de articulación que dejó la alianza de organizaciones en Yucatán (Servicios Humanitarios en Salud, Abortistas MX y UNASSE), la especialista destaca que el panorama actual obliga a una resistencia permanente, recordando lo sucedido en Estados Unidos con la caída de Roe v. Wade.
“Defender nuestros derechos es un trabajo de todos los días porque los retrocesos son reales; Aguascalientes es el mejor ejemplo de que cuando creíamos haber avanzado, vino un golpe de vuelta”.
La respuesta, concluye, está en mantener la articulación colectiva y la presión de la Marea Verde: “La lucha es para todas —las de las ciudades, las de zonas rurales, las mujeres precarizadas e indígenas—. No podemos tolerar que los intereses económicos y personales de unos pocos decidan sobre nuestras vidas”.
