El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para expedir la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario, un proyecto que busca combatir de manera integral las redes criminales dedicadas al fraude patrimonial y evitar que las familias mexicanas pierdan sus bienes mediante tácticas ilegales.
La propuesta, presentada por la diputada federal Elena Edith Segura Trejo, surge como respuesta directa a un problema de dimensiones nacionales que opera a través de escrituras falsas, juicios simulados, suplantación de identidad y poderes apócrifos.
De acuerdo con la legisladora, estos delitos suelen cometerse con la preocupante complicidad de abogados, notarios o servidores públicos, teniendo a las personas adultas mayores entre sus principales víctimas.
Para frenar el avance de estas redes, la iniciativa plantea una estrategia preventiva basada en el uso de la tecnología y el control registral a través de cuatro ejes fundamentales:
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Alerta Inmobiliaria Nacional: un sistema automatizado para notificar de inmediato a cualquier propietario si se intenta modificar la situación jurídica de su inmueble.
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Bloqueo registral preventivo: mecanismo para congelar trámites sobre propiedades en disputa o bajo sospecha de fraude.
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Registro Nacional de Operaciones Inmobiliarias de Riesgo: una base de datos para monitorear y detectar patrones de transacciones dudosas.
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Fortalecimiento a fiscalías: dotar a las autoridades de mayor presupuesto, unidades especializadas, ministerios públicos, policías de investigación, peritos y herramientas tecnológicas para acelerar las indagatorias y reducir los índices de impunidad.
Un delito al alza: miles de denuncias en el Valle de México
La urgencia de la ley se respalda en la gravedad de las estadísticas oficiales. En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia local reportó más de 20 mil carpetas de investigación por despojo acumuladas entre el año 2020 y abril de 2026. Por su parte, el Estado de México registró 5 mil 594 denuncias por este mismo delito tan solo durante el año 2025.
“Casos como éste evidencian la necesidad de que el Estado cuente con herramientas legales para proteger de manera inmediata a las víctimas y evitar que los procesos judiciales terminen favoreciendo a quienes actuaron al margen de la ley”, argumentó la diputada Segura Trejo en la exposición de motivos de la iniciativa.
Como ejemplo de la lentitud e ineficacia judicial actual, la legisladora citó el caso emblemático del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
A casi un año de haber sufrido un despojo violento, los legítimos dueños siguen sin poder recuperar su patrimonio, una muestra clara —advirtió— de cómo las lagunas legales actuales suelen jugar a favor de la delincuencia organizada. Con este marco jurídico, se pretende cerrar los espacios de impunidad y garantizar certidumbre a quienes han dedicado su vida a construir un patrimonio.
