Foto y videos: Frente Autónomo Audiovisual
(29 de noviembre, 2013).- La transición política llegó. La fecha: 1 de diciembre del 2012 (#1Dmx). Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es proclamado ilegítimamente presidente después de un burdo fraude electoral, que develaba la distancia ya casi invisible de las instituciones políticas de nuestro país con la soberanía popular. La imagen de la banda presidencial sobre el cuerpo impuesto significó, para la mayoría de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, un retroceso en el tiempo, una regresión histórica, una verdadera afrenta pues significaba la coerción, durante los próximos seis años, de vivir bajo la violencia, la mentira y la corrupción absolutas.
El PRI llega al poder y la ciudad levanta sus murallas criminalizando a sus ciudadanos
Abrir los ojos la mañana del #1Dmx significaba ver una ciudad lista para la guerra.
Una ciudad sitiada, amurallada por granaderos con gruesos cascos y escudos y un sinfín de herramientas que tenían como objetivo detener, golpear y acabar con los derechos adquiridos con años de lucha en la ciudad más libre que tenía el país.
Durante el #1Dmx se persiguió y se castigó el atrevimiento de la sociedad de cuestionar al poder, de evidenciarlo.
Paralelo a la llegada del PRI, un nuevo personaje comenzó a gobernar la capital: Miguel Ángel Mancera.
El nuevo Jefe de Gobierno del Distrito Federal decidió desde el inicio subordinarse al poder federal.
En el #1Dmx, más de 106 personas fueron detenidas a partir de declaraciones falsas de policías. Se desplegaron para este objetivo más de 5172 elementos de seguridad y 195 vehículos –la Información se extrae de la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del DF- además de un número parecido de efectivos de las fuerzas federales, que reguardaban la Cámara de Diputados y el Palacio Nacional.
Los delitos que se les imputaron a los detenidos fueron validados a partir del artículo 362 que declaraba que se impondrían de 5 a 30 años de prisión a quienes perturbaran la paz pública o menoscabaran la autoridad del Gobierno del Distrito Federal. Una ley muy ambigua que dejaba los márgenes libres para la criminalización de la protesta social.
En defensa de los jóvenes detenidos, un grupo de mexicanos comprometidos con el cambio profundo del sistema a través del derecho, la legalidad y las luchas justas conformó la Liga de abogados 1 de diciembre.
A casi un año de los acontecimientos todavía es posible recordar sus imágenes, litigando, analizando los casos, corriendo a diferentes instituciones jurídicas y policiales, y apoyando a los familiares en los momentos más críticos. Sus nombres ciclópeos siguen resonando:
Guadalupe Itzi Guari Hurtado Bañuelos, Mariana Jenny Godínez Alamillo, José Alejandro Esquivel Díaz, Andrés Aullet Paulino, Miguel Méndez Villagomez, Juan de Dios Hernández Monje, Guillermo Alan Naranjo Estrada, Jorge Miranda, Pedro Raúl Suarez Treviño y Jesus Robles Maloof.
A partir del #1Dmx se superponen fechas repetitivas, similares, casi idénticas: 10 de junio, 13 de septiembre (#13Smx) y 2 de octubre.
Un palimpsesto cobra vida, la simultaneidad de los acontecimientos emerge y hace de las calles de la Ciudad de México un continuo flujo de desafíos para la libre manifestación, el libre tránsito y la libre exigencia de nuestros derechos.
La libertad de recordar y conmemorar es hostigada, encapsulada, toleteada, pateada, detenida.
Halconazo al estilo Miguel Ángel Mancera
El 10 de junio y 2 de octubre –más de 102 detenciones arbitrarias, 22 reporteros agredidos, mil 700 efectivos federales y 5 mil 300 policías capitalinos, apoyados con 151 vehículos, incluidos cuatro helicópteros y 45 ambulancias, revelaba un informe de la organización Artículo 19- se percibió en el Distrito Federal un espectáculo de ataques sumamente violentos que golpeaban por completo a la libertad de expresión.
Ser joven, ser estudiante, ser periodista, ser fotógrafo, era peligroso; portar una mochila, una cámara o defender a quienes injustamente eran detenidos implicaban la revocación de derechos por parte de la autoridad.
La repetición violenta del 2 de Octubre
Por primera vez fuimos testigos del uso de dispositivos de control, grotescos y desmedidos para hostigar el derecho a la manifestación.
Dispositivos tecnológicos, el uso de cámaras, portátiles y estáticas, para intimidar y llevar registro audiovisual incriminatorio; dispositivos físicos, el uso de armas (bombas, piedras, toletes, patadas, puños, escudazos etc.) y los diferentes modos de violencia (encapsulamientos, golpizas, intimidación, robo, insultos); dispositivos de infiltración, que tienen como objetivo la destrucción, la provocación y la detención (la pequeña guerrilla policial urbana infiltrada).
También dispositivos jurídicos, que limitan absurdamente la libertad política (el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes y la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal); dispositivos aéreos, para localizar, contar, intimidar y perseguir (helicópteros y drones); y, por supuesto, los dispositivos mediáticos, que funcionan como los fieles guardianes de la criminalización y la persecución política cuya función es el engaño, la mentira y la omisión (los medios de comunicación escritos, visuales y sonoros dominantes).
La arqueología del control
La repetición de los acontecimientos develaba que, con la llegada del PRI a la presidencia, se había perdido la soberanía y autonomía política de la Ciudad de México ganada en los años noventa. Miguel Ángel Mancera, gran promesa progresista para algunos, se había convertido en un títere más de los poderes fácticos.
El #13Smx, ante el inminente festejo vacuo del Gobierno Federal por la conmemoración de la Independencia de México -que solo duro algunos minutos-, Peña Nieto decidió utilizar toda la fuerza del Estado y enviar a más de 3 mil 600 granaderos, tanquetas y blackhawks -según datos de la Comisión Nacional de Seguridad- para desalojar la plaza pública más importante del país: la Plaza de la Constitución.
En la plaza se encontraban maestros de Oaxaca que protestaban pacíficamente por la injusta reforma educativa que se había aprobado y negociado en las altas cúpulas del poder político y empresarial.
Densa y plúmbea la Policía Federal el #13Smx – REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO
Después del desalojo de los maestros, la respuesta de Mancera fue cercar el Zócalo, para que Televisa pudiera transmitir sus programas desde ahí y para que la empresa televisiva pudiera lucrar con el dolor y sufrimiento de la gente que había padecido el embate de un desastre natural conformando un “Gran Centro de Acopio”.
Hay una guerra difusa que se afirma progresivamente en el Distrito Federal –y en el país general-. Una guerra de los iguales contra los desiguales, una batalla por el mantenimiento de las distancias y los privilegios, por el mantenimiento de la distinción.
Esta guerra es, pues, una guerra cuyo objetivo es la destrucción del espacio público para convertirlo en monopolio de unos cuantos individuos privados que lo explotan a su beneficio (esos señores de la guerra que, mediante el pillaje y el bandidismo hostigaban y asediaban las ciudades).
La Ciudad de México vibra con el ritmo de un mapa movedizo, una cartografía en continua construcción, una geografía que pulsa con la arritmia de las convulsiones políticas que promueve un gobierno refugiado en grotescos y desmedidos dispositivos de control tanto físicos como legales.
Hace solo unas semanas, el pleno de la ALDF avaló en lo general a que se aumenten hasta en 50 por ciento las penas de los delitos de lesiones dolosas y homicidio contra policías que vigilan mítines, manifestaciones o actos públicos de esparcimiento, deportivos o recreación.
Ejemplo del nuevo dictamen es que ahora las penas por actos ilícitos -como robo y daños a la propiedad- aumentarán la mitad si los actos son cometidos por personas que participan de algún mitin, manifestación, plantón, marcha o acto público; también el asesinato de un policía que vigile una concentración pública recibirá un castigo de hasta 30 años, cuando antes se tipificaba de 8 a 20 años; los que agredan a un elemento del cuerpo de policías podría recibir hasta 12 años de cárcel, en comparación de las sanciones vigentes que suscriben hasta 8 años de prisión.
En el mismo sentido, “al advertir la urgente necesidad de terminar con el abuso de algunos grupos, ante la falta de un marco normativo que regule las protestas públicas”, senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM presentaron la iniciativa: Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas
Entre algunos puntos, la ley establece que los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación al intendente o gobernador respectivo -indicado por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Explicar cuál es el objeto, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación-. Las fuerzas de Orden y Seguridad Pública podrán impedir o disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada dentro del plazo fijado y con los requisitos de la letra.
Es fundamental comprender que la guerra requiere un control y una gestión del territorio, induce una sistematización de la vigilancia, establece un estado de sitio e inocula la desconfianza, la criminalización y el desprestigio.
La guerra fuerza a situar y señalar al enemigo, obliga a detener, perseguir e infiltrar. También exige elevar murallas, demarcar territorios y señalar a los que ya no podrán transitar por los espacios públicos.
A un año de lo sucedido el #1Dmx, es claro que hay una guerra desde diferentes puntos contra la manifestación y la protesta social.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no es diferente a la Cámara de Diputados ni a la Senadores y viceversa. La ciudad de las libertades se ha desdibujado por completo.
En la Ciudad de México, como en muchas partes del país se vive un momento en que el derecho a la manifestación y la libertad de expresión están quebrados.
Se vive un momento crítico.
Afortunadamente, todavía se cuenta con el derecho a la Rebelión.
Ante una ciudad sitiada emergen las zonas de Rebelión
