(27 de enero, 2014).-En conferencia de prensa la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) expresó su preocupación por la postura de Peña Nieto con respecto de la Ley Agraria que quiere impulsar, pues aseguran el lenguaje y el discurso se asemeja mucho al que hiciera Carlos Salina de Gortari, cuando propuso modificar el Artículo 27 Constitucional y declaró el fin del reparto agrario, lo que significó la apropiación de tierras comunales y ejidales en manos de particulares.
Las diversas organizaciones y movimientos campesinos de diversos estados del país aglutinados bajo el CNPA MN dieron a conocer que escuchando el anuncio que hiciera Peña Nieto, en el marco de la ceremonia por el 99 aniversario de la Ley Agraria, “que el lenguaje y el discurso se asemeja mucho al que hace 22 años hiciera Carlos Salinas de Gortari, cuando propuso modificar el Artículo 27 Constitucional y declaró el fin del reparto agrario Carlos Salinas de Gortari en el gobierno, dando la posibilidad de que empresas privadas se asociaran e invirtieran en el campo, y que tuvo como consecuencia la apropiación de tierras ejidales y comunales a manos de particulares.
Además dijeron que es a través de la voz del Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, donde se ha manifestado la verdadera intención de la propuesta presidencial, manifestando que para el gobierno federal, “el problema principal del campo son sus productores de menos de 5 hectáreas”, siendo los campesinos con menos de 5 hectáreas los que trabajan el 77% de la tierra cultivable en el país.
A su vez, comentaron que además de las palabras enunciadas por el gobierno federal, también se han dado a conocer las principales propuestas de la reforma al campo que son la creación de “clúster” y el cambio de régimen de propiedad: “Uno y otro concepto van asociados, clúster que para ellos significa asociación con la empresa privada y cambio de régimen de propiedad, que para ellos significa pasar de propiedad social que actualmente predomina al de propiedad privada.”
Por eso, los integrantes del CNPA MN consideran que “el régimen de propiedad social no sólo es visto por ellos como un problema productivo, agroalimentario, y por ello la profundización de las reformas estructurales los artículos 27 y 28 sino que su propuesta trae consigo la profundización del despojo a los territorios y sus recursos naturales.”
El saqueo minero se recrudecerá y las afectaciones multidimensionales incrementarán
México es considerado un paraíso fiscal para las mineras, por las bajas cantidades que pagan las empresas anualmente por cada hectárea concesionada.
En el año 2013, según diversas fuentes se estimaban que hasta fin de 2012, 56 millones de hectáreas, de un total de 200 millones que tiene el país, se habían concesionado, aunque a principios de 2014 se habla que la cifra puede alcanzar hasta 96 millones de hectáreas concesionadas a empresas y consorcios mineros principalmente de Canadá. Es decir, casi la mitad del territorio nacional estaría concesionado. Sin embargo, el efecto en la economía es mínimo, pues solo pagan en promedio 1.5 % de impuesto federal, y no pagan ningún impuesto estatal o municipal donde se asientan.
Con la reforma al campo la profundización del saqueo por parte de mineras nacionales y trasnacionales sería inevitable, aseguró la CNPA MN.
Algunos ejemplos de los proyectos que se están gestando y esperando la puesta en marcha de la reforma son diversos y la afectación directa a ejidos y comunidades se empieza a sentir con “rudeza”.
En el estado de Puebla existen 375 concesiones siendo un total de 143,000 hectáreas, tan solo en la Sierra Norte son más de 90 concesiones, las cuales equivalente a más de 120 mil hectáreas el 20% del territorio de la Sierra Norte y Nor-Oriental.
También de la mano de las concesiones mineras, que requieren enormes cantidades de agua para abastecerse, están los proyectos de presas. Las hidroeléctricas aparte de privatizar el agua, también buscan alimentar de energía barata a las mineras pues estas empresas consumen cantidades enormes de electricidad.
En afectaciones directas a las comunidades se puso el ejemplo del municipio de Tlatlauquitepec donde se ha autorizado una concesión en el área que colinda con el municipio de Cuetzálan, donde existen más de 7 mil hectáreas de Bosque Mesófilo que alimentan de agua a más de 80 comunidades indígenas de la región.
En Santiago Yahuitlalpan donde se pretende construir una hidroeléctrica en la localidad de Cuamono; proyecto de 141 millones de dólares que afectaría a los municipios de Cuetzálan y Ayotoxco , cuya cortina mediría al menos 30 metros de altura y generaría inundación a parcelas de ambos municipios.
La mayoría de estos proyectos están asignados a Minera Autlan, de Javier Hernández Larrea (primo de Germán Larrea de Grupo México); y a la Minera Gavilán, filial de la Canadiense Almadén Minerals.
Como respuesta en la región, las comunidades y pueblos afectados se están aglutinando en torno al llamado frente de comunidades la cual aglutina ya a 85 comunidades y organizaciones, incluyendo autoridades locales y tradicionales, esta viene realizando asambleas comunitarias; para rechazar y exigir al gobierno federal la cancelación de los proyectos.
La CNPA MN junto con diversas organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas en el país el día de hoy se manifestaron en la Ciudad de Puebla y mañana piensan arribar a la Ciudad de México para manifestarse en la Secretaría de Gobernación alrededor de las 10:00 am.
