Alina Rosas Duarte / @ ARD3_0
(17 de febrero, 2014).- “A los integrantes del Congreso Popular nos une el deseo de una democracia robusta y el rechazo rotundo de la fachada de autogobierno bajo la cual vivimos”, por ello, los miembros de éste, buscarán revocar la Reforma Energética a través de una iniciativa con proyecto de decreto fundamentada, argumentan, en el artículo 39 constitucional, en el cual declara que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Y es que aseguraron que mediante el Decreto signado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1938, el petróleo e hidrocarburos fueron expropiados “por causa de utilidad pública y a favor de la Nación” incluyendo “la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes inmuebles antes bajo la propiedad de empresas, una diversidad de empresas transnacionales”.
Citando a Lázaro Cárdenas, los miembros del Congreso Popular señalaron que buscarán evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro com problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país.
“Se pondrá a la consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera”, declaró Lázaro Cárdenas el primero de septiembre de 1938, ex presidente que a decir de los miembros del Congreso Popular, consciente de su papel histórico, otorgó su apoyo a los trabajadores petroleros y como medida para evitar un menoscabo mayor en el patrimonio nacional, decretó el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera acompañada y apoyada por grandes movilizaciones populares.
La Reforma Energética publicada el 20 de diciembre del año pasado -aseguraron los miembros del Congreso Popular en su iniciativa de Decreto-, “profundiza la desregulación y la incorporación a la lógica de la especulación financiera de los recursos naturales estratégicos como el petróleo y la electricidad”, con lo cual la legislación va en sentido contrario al decreto expropiatorio cardenista, “el cual colectivizaba la propiedad de esos recursos, históricamente en manos de empresas extranjeras privadas”.
Asimismo, la noción del dominio inalienable e imprescriptible de los recursos naturales, señalan, es violentada por las figuras de contratación por “licencia” y de “producción compartida”, “una concesión disfrazada presente en los transitorios de la reforma”.
El decreto propuesto consiste en un artículo único y un artículo transitorio, que al pie de la letra declara:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan las reformas y transitorios en materia de energía, publicadas el 20 de diciembre de
2013 en el Diario Oficial de la Federación bajo el nombre de ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía’, a los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; al párrafo sexto del artículo 27; a los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; el párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, del artículo 27; el párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con el texto anterior a las reformas en comento.
ARTÍCULO TRANSITORIO.- El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por las dos terceras partes de los miembros presentes del pleno del Congreso Popular.”
Con ello, se suma este decreto a la búsqueda de diversos sectores de la población que a través de movilizaciones y amparos, como el promovido por el senador Manuel Bartlett y el abogado Jaime Cárdenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscan la derogación de la Reforma Energética impulsada por el Gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.
