(21 de febrero, 2014).- En Venezuela, lo único que parece estar más polarizado que las preferencias políticas es la información. Mientras los medios opositores acusan la ocupación militar de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, el gobierno denuncia el asesinato de un trabajador que removía escombros.
No sólo es que se den versiones diferentes de un mismo suceso: hechos que los medios de una tendencia dan como seguros, en los de la otra ni siquiera son mencionados.
La actual ola de manifestaciones que en los últimos días ha dejado 8 muertos comenzó en San Cristóbal, fronteriza con Colombia, el pasado 4 de febrero. El día anterior, una estudiante de la Universidad de Los Andes sufrió un intento de violación y robo, dando por lo que se organizó una marcha contra la violencia en las universidades del país.
Parte de la violencia que azota al país es causada por bandas de motoristas armados que recorren las calles cometiendo ilícitos. Según la oposición, se trata de paramilitares financiados por el gobierno para intimidar y agredir a los disidentes. Según el gobierno, estos grupos son financiados por la oposición y recorren principalmente las zonas donde el chavismo tiene más respaldo, con la finalidad de crear un clima de crispación social.
El alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, es acusado por el gobierno nacional de promover las manifestaciones y la violencia. La oposición denuncia que en la ciudad han sido cortados servicios como el internet –el cual se encontraría completamente inutilizado–, la luz e incluso el agua para evitar que los ciudadanos den a conocer el actual estado de sitio a que ha sido sometida la región.
En la ciudad se encuentran batallones y unidades del Cuerpo de Ingenieros del ejército, enviados por el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, para afrontar la llegada de “personal colombiano que viene a cumplir misiones paramilitares armadas” y “limpiar escombros que ocasionan las protestas violentas”, respectivamente.
De acuerdo con los medios opositores, en los últimos días la policía ha disparado para dispersar las manifestaciones en San Cristóbal, además de que hay calles cerradas y restricciones a la circulación.
La información es difícil de interpretar, pues en las mismas notas donde se divulga la brutalidad de las fuerzas gubernamentales se asegura que los ciudadanos no tienen otra fuente de información que el internet, pues desde el gobierno de Hugo Chávez se habría establecido un monopolio sobre la prensa. Sin embargo, tanto las dos cadenas de televisión con mayor audiencia y presencia territorial como los diarios de mayor circulación nacional pertenecen al capital privado y son fuertes opositores del gobierno.
La oposición defiende la legitimidad de las manifestaciones refiriendo la crisis económica, el desabasto de productos básicos y la grave inseguridad que se vive en el país, cosas que el mismo gobierno admite aunque responsabiliza de ellas a planes de desestabilización organizados desde Washington.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denuncia que detrás de las protestas habría planes de protesta y un golpe de Estado en curso. Lo respalda la historia, ya que hace doce años hubo efectivamente un golpe de Estado contra Hugo Chávez que inició igualmente como una serie de protestas convocadas por los mismos sectores que hoy enfrenta Maduro.
