(26 de febrero, 2014).- En el marco del 18 aniversario de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el foro Derechos Indígenas y Armonización Legislativa, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, constituye un aporte a la necesidad de retomar las exigencias que fueron desechadas en la reforma constitucional del 2001.
Durante la ceremonia inaugural del evento, realizado en el Museo de la ciudad de México, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, presidente del Comité del CESOP, afirmó que las luchas emprendidas por los indígenas del país responden a un derecho ancestral que legítimamente les corresponde.
Recordó que la Comisión de Concordancia y Pacificación (Cocopa), encabezada por el entonces diputado Jaime Martínez Veloz, realizó el ejercicio de traducir los acuerdos de San Andrés al plano legislativo; sin embargo, la reforma constitucional que derivó de dicho esfuerzo de negociación y lucha no recogió lo sustancial.
De la Rosa Peláez hizo mención de algunos logros alcanzados por los acuerdos de San Andrés Larráinzar, entre ellos: el reconocimiento a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, aceptando sus sistemas normativos internos en condiciones en que aquéllas podían hacer valer su autonomía en sus comunidades y territorios; el reconocimiento de formas propias de organización social y política de los indígenas; y la realización de acuerdos de remunicipalización y redistritación que permitieran una mejor y más justa participación y representación indígenas en los gobiernos locales y en los Congresos.
Por otra parte, el legislador señaló que la reforma en materia indígena del 2001 manipuló el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés, entre otros aspectos porque no incluyó el enunciado para el acceso, uso y disfrute de recursos naturales en sus tierras y territorios; porque el derecho a la asociación quedó delimitado para las comunidades indígenas, argumentando que ya existían para los municipios; y porque se hizo a un lado el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, estableciendo que eran entidades de interés público.
A 18 años de la firma de los acuerdos de San Andrés y con más de 11 millones de indígenas en el país, se puede ver su vigor y pertinencia. Los acuerdos establecieron, y se debe seguir reivindicando, una ruta de salida a la problemática del país y el principio de los derechos indígenas. Hoy, los acuerdos de San Andrés reaparecen convertidos en movilización y exigencia.
Durante el evento se recibieron propuestas, proyectos y visión de los diferentes pueblos indígenas, sobre sus derechos colectivos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados, ya que constituirán la parte medular de la propuesta para la reforma en la materia.
En el foro Derechos Indígenas y Armonización Legislativa, participaron Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación; Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Distrito Federal; la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados; y el senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. También participaron más de 120 integrantes de pueblos y movimientos indígenas.
