Jonathan Núñez / @jonathan3_0
(27 de febrero, 2014).- Miembros de la asociación Bios Iguana y habitantes opositores a un proyecto minero la comunidad de Zacualpan denunciaron que fueron amenazados de muerte por funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) en Colima, además, señalaron que la titular de la dependencia María Elena Díaz Rivera, hizo acusaciones falsas para criminalizar la protesta.
Las amenazas se dieron luego de que los ambientalistas junto con habitantes de Zacualpan se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones de la delegación de la PA para exigir que se respetara la decisión de los comuneros y la no intromisión de la Delegada en favor del proyecto minero.
En el acto, un par de miembros de la asociación fueron agredidos física y verbalmente por Verónica Casas y Carlos Soule, éste último, esposo de la Delegada Díaz Rivera, quien amenazó de muerte al abogado Jonathan Ochoa días después en vía pública, “me dijo que ya estaba advertido y que me iba a matar si seguía en las protestas”, señaló.
Los ambientalistas afirman que la delegada Díaz Rivera ha señalado sin prueba alguna que los ambientalistas tienen sembradíos que no quieren que ella vea, así como dice que la asociación Bios Iguana exige dinero a los pobladores, cosa que los comuneros han desmentido.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería, la Organización MiningWatch Canadá, MORENA, y diversas organizaciones, se han solidarizado con Bios Iguana y los comuneros de Zacualpan, y exigen a la Comision Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que tomen medidas cautelares para los afectados.
