(28 de febrero, 2014).- La idea de democracia que actualmente impera en nuestro país se acerca más al modelo del político y pensador conservador Joseph Schumpeter, quien, ante el “inevitable” ascenso de “las masas” a las decisiones de los estados-nación, cuestionaba la definición “clásica” de la democracia política en la cual se establece el rol protagónico del pueblo como el verdadero soberano .
Siendo la democracia un proceso irreversible, como lo asumió Shumpeter, éste defendía la necesidad de resaltar el papel de las oligarquías. Era en ellas donde debían estar depositadas las decisiones políticas de las naciones, bajo el argumento de que el pueblo no sabe ni tiene los elementos para reconocer lo que le conviene.
Por lo que el economista austríaco sustentó teóricamente la idea de una “democracias de élites”, según la cual los intereses mercantiles de la burguesía podrían ser compatibles con los derechos de la ciudadanía. Para Schumpeter la idea de democracia basada en el voto y la participación ciudadana era inviable, ya que suponía la incapacidad de los votantes para distinguir y racionalizar lo conveniente para ellos.
En las llamadas democracias representativas, las y los ciudadanos votan para ser “representados”; sin embargo, en las últimas décadas, se ha decantado la voluntad mayoritaria de los ciudadanos considerando –como en el caso de Schumpeter– que estos carecen de la capacidad de elegir lo que realmente les conviene.
Las demandas y las necesidades del pueblo no han sido tomadas en cuenta dentro de las decisiones políticas, las cuales parecen obedecen a los intereses de un grupo de élite cuya finalidad consiste en la acumulación de riqueza, sin importar que para ello sea necesaria la explotación de los seres humanos y la devastación de recursos naturales como la tierra, el agua, el aire, así como un proceso de privatizaciones en las que se encuentra incluido el espacio público.
En los últimos sexenios se han conculcado los derechos humanos y constitucionales de millones de personas, muchas de ellas sumidas en la pobreza ante la falta de oportunidades para el pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales, políticas, académicas, sociales, por la ausencia real de empleos. A ello se suma, la devastación de los recursos naturales, la falta de servicios básicos como la seguridad y el agua; así como la transgresión de las tradiciones y la voluntad de las comunidades.
Para intelectuales, activistas y ciudadanos, lo que está de por medio es el modelo de democracia representativa que tenemos, el cual no sólo ha incumplido los mecanismos que le dan legitimidad –como se ha expresado con claridad en la Reforma Energética, donde el partido con mayoría en el congreso de la Unión (PRI) promovió y avaló una reforma contraria a la voluntad del pueblo pero afín a la voluntad del Ejecutivo–, sino que ha mostrado su profunda ineficiencia para hacer valer las voces de los ciudadanos.
Ante la ausencia de espacios de expresión ciudadana, corresponde al pueblo hacer escuchar su voz, el arma principal que poseen es la participación ciudadana. Por ello, la instalación del Congreso Popular el pasado 5 de febrero es una muestra real de que, contrario a lo defendido por Schumpeter, la gente sabe lo que necesita, sabe que no puede seguir sumida en la indiferencia y la apatía, en un país donde la pobreza y la desigualdad incrementan día a día.
La historia ha mostrado que el peor error de los gobernantes, consiste en subestimar el raciocinio de la gente para reconocer lo que le conviene, lo que le afecta y lo que necesita cambiar. Por lo que es el pueblo quien debe sesionar, evaluar y por tanto emprender acciones que reviertan la desmedida oleada de violaciones a la soberanía del país.
El Congreso Popular tiene por objeto subvertir la dinámica antipopular que ha tomado nuestra llamada democracia, para hacer frente a la dominación, la pobreza, la marginación, la corrupción y la violencia que anegan a la nación. Si en un inicio los convocantes eran tan sólo 70 personas, entre intelectuales, escritores, periodistas, cantantes, activistas, defensores de derechos humanos, académicos, hoy son miles las personas que comparten este llamado.
Frente a quienes asumían que la gente no participaría y que bastaba con el control de los medios de comunicación para mantener y perpetuar el dominio, parecen haberse equivocado, ya que constantemente aparecen vías alternas para obtener información. Mediante las redes sociales más de 2 mil 700 personas se inscribieron para participar como congresistas, superando en número al Congreso de la Unión. Más de 3 mil personas acudieron a la cita de todas partes de la República, para representar las demandas reales de la población, denunciar los problemas de la nación y buscar las vías para poner un freno a las injusticias.
Como se señala en la convocatoria inicial la gente no cree más en los partidos, ni en los medios convencionales de comunicación. No se puede ocultar la desconfianza en las instituciones y en los procesos electorales que desde 1988 han operado de forma fraudulenta. Lo que pone en juego es el modelo de “democracia representativa”, que no sólo ha incumplido los mecanismos que le dan legitimidad, que ha sido expresado con claridad en las reformas en materia educativa, políticas fiscal, energética y laboral.
En la primer sesión del Congreso Popular se ofrecieron motivos y fundamentos para rechazar el “ser gobernados por el Consejo rector del Pacto por México, que ha significado la suplantación del sistema representativo a través de una elite que decide el rumbo del país sin haber sido electa y cuyas discusiones se realizan a puerta cerrada”.
Entre estos motivos se encuentran la “aprobación ilegal de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”, que los congresistas ciudadanos revocaron con base en que “la soberanía popular establecida por el artículo 39 de la Carta Magna señala que ‘la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno’”.
La próxima sesión del Congreso Popular será el 18 de marzo, fecha emblemática en la que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo “por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes inmuebles antes bajo la propiedad de empresas, una diversidad de empresas transnacionales”.
