(1 de marzo, 2014).- La Fiscalía de Distrito Selva, con sede en Ocosingo, Chiapas, abrió un acta administrativa por los delitos de despojo, daños y motín, en contra de las maestras Candelaria Maribel Blanco Hernández, María Carolina Sol Mejía y María del Carmen López Ordoñez; los maestros Luis Manuel López Cruz, Uriel Trujillo Gómez; y los padres de familia: Jorge Luis Ramos López y Carlos Pérez López.
De acuerdo al expediente 109/SE18/2014, la parte que acusa es Edwin Teodoro Gabriel Roblero, director del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) número 16, ubicado en el municipio de Ocosingo, quien se inconformó porque estudiantes, maestros y padres de familia iniciaron manifestaciones para exigir la cancelación del pago de cuotas, debido a que los recursos económicos de la población de la selva, cuyos jóvenes estudian en ese lugar, son insuficientes.
María del Carmen López Ordoñez explicó que aun cuando el Cobach es una escuela pública, las y los alumnos deben pagar 350 pesos de cuotas escolares, lo que algunas familias no pueden hacer porque se dedican al trabajo en el campo, y lo que obtienen es para gastos de subsistencia.
Los ahora demandados también solicitaron mejoras en la infraestructura educativa del Cobach; y la asistencia de todos docentes asignados al centro, ya que al menos 4 personas que tiene plaza asignada a ese lugar, no asisten a impartir las asignaturas que les corresponde.
A solicitudes formales, demanda penal
Las demandas fueron planteadas de manera formal, ante autoridades educativas estatales y federales. En noviembre de 2013 firmaron un acuerdo donde las autoridades se comprometían a dar cumplimiento a las demandas.
Un acuerdo se firmó con el gobernador Manuel Velasco Coello; y otro con Lenin José Manuel Montejo Pech, delegado de la Dirección del Cobach.
Sin embargo, pasado el plazo dado por las autoridades para dar una respuesta favorable, estas incumplieron el compromiso, por lo que estudiantes y padres de familia cerraron las instalaciones de la escuela como medida de presión.
La respuesta del Director del plantel fue la demanda penal donde se acusa a los inconformes de los delitos de motín, despojo y daños.
A la par, de acuerdo a lo documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), funcionarios de gobierno municipal han expresado intimidaciones mediante llamadas telefónicas, contra quienes están reivindicando sus demandas.
El Presidente Municipal de Ocosingo les dijo: “ya los identifiqué, a los revoltosos, ya los voy a mandar a la cárcel”, amenaza realizada el día viernes 14 de febrero de 2014, cuando docentes, estudiantes y representantes de familia se encontraban frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, explicó el Frayba.
Estado criminalizan la protesta social
El centro humanitario dijo que el gobierno del estado de Chiapas utilizan su posición de cargos públicos para hostigar y judicializar en lugar de construir puentes de diálogo para atender las demandas presentadas por la ciudadanía.
“El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exige el cese inmediato del hostigamiento y criminalización de la protesta contra docentes, estudiantado y representantes de familia del plantel No. 16, Cobach, Ocosingo; y realizar acciones de acercamiento y dialogo para la solución pacifica, atendiendo las demandas acordadas en las minutas de reunión que se han concertado con los funcionarios de gobierno”.
Maestros, alumnos y padres de familia, por su parte, demandan a las autoridades educativas federales, cumplan con sus compromisos plasmados en las minutas de acuerdo.
