(06 de marzo, 2014).- Los servidores públicos que integran el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas podrían pasar hasta tres lustros en la cárcel si actúan contra quienes dicen defender.
El 18 de febrero pasado, el diputado federal José Everardo Nava Gómez presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta para que se imponga una pena de ocho a 15 años de prisión y hasta 600 días de salario mínimo de multa a los miembros del mecanismo que de manera dolosa usen datos de activistas y reporteros para ponerlos en riesgo.
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se implementó en México a finales del 2012 como una exigencia de comunicadores y defensores civiles para garantizar la seguridad de su trabajo. El programa supuestamente dotaría de herramientas de defensa y auxilio a los que tienen dichas profesiones sin embargo, a casi año y medio de su creación, los resultados han sido magros.
Del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas, así como 85 asesinatos a reporteros, 20 desapariciones forzadas y 40 atentados a medios de comunicación.
Del lado de los activistas, el panorama tampoco es alentador: en octubre de 2013, durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado el Ginebra, México fue llamado a la atención por la creciente ola de agresiones a defensores de derechos humanos, especialmente en estados como Guerrero y Oaxaca.
Y en medio de estas cifras negras, se encuentra el mecanismo de protección federal, que tiene los datos personales de todos los periodistas y activistas amenazados por el crimen organizado, funcionarios o poderes fácticos; sus integrantes, encabezados por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, tienen una antología de datos sensibles.
Por ello, la iniciativa de Nava Gómez pretende “elevar la factura” por el posible mal uso de esos datos y reformar los artículos 66 y 67 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“La presente iniciativa tiene como principal objetivo coadyuvar en el fortalecimiento de nuestro sistema jurídico para efectos castigar con mayor severidad a los responsables de la comisión del delito de daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que actualmente esta figura jurídica sólo aparece como un simple enunciado de la ley.
“Sin embargo pese a estos esfuerzos, la situación que enfrentan los periodistas y los defensores de derechos humanos mexicanos sigue cobrando más vidas como sucedió con el periodista Miguel Ángel Guzmán Garduño, asesinado el pasado 23 de enero en Chilpancingo, Guerrero, así como el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz localizado sin vida en el municipio de Las Choapas, Veracruz el pasado martes 11 de febrero también de 2014”, se lee en el cuerpo del documento.
El resto del texto es un compendio de malas noticias para la libertad de expresión y los derechos civiles en el país:
Uno: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión informó que a partir de su creación el 5 de julio de 2010, al 5 de julio de 2013, inició 378 averiguaciones previas, de las cuales 47 se consignaron, indicándose que únicamente en una de éstas se dictó sentencia.
Dos: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con sede en México establece que el 98 por ciento de las agresiones que se comenten contra defensores de derechos humanos y periodistas brilla por la impunidad, porque a pesar de contar con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión
Tres: el pasado 10 de diciembre de 2013, la Casa de los Derechos de Periodistas y organizaciones gremiales durante la conmemoración del 65 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, manifestaron que el derecho a la libertad de expresión en México se encuentra en riesgo.
Cuatro: el informe mundial de Reporteros sin Fronteras confirma la difícil situación que enfrenta el periodismo mexicano, al señalar que México continua siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
Cinco: el 1 de enero del 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en un comunicado de prensa informó que en el 2013 el número de agresiones registradas en contra del derecho a la libertad de expresión se elevó a 424, es decir, más del doble de las que se dieron en 2012.
