(17 de marzo, 2014).- Eliseo Villar Castillo, uno de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria), fue balaceado ayer por un grupo de desconocidos que lo hirieron en el brazo al salir de su domicilio ubicado Capulín Chocolate, comunidad Marquelia, alrededor de las 5:00 de madrugada cuando se dirigía hacia San Luis Acatlán.
La Casa de Justicia de dicha localidad informó mediante un comunicado, que por “consenso de comisarios municipales, autoridades agrarias, consejeros regionales y locales de 17 comunidades, de un total de 36” que la integran, se determinó suspender “de las funciones y actuaciones” a Eliseo Villar, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino, como coordinadores regionales de esta Casa.
Debido a que Villar Castillo es investigado por “fraude en agravio de la CRAC-PC y otras irregularidades”, esta Casa de Justicia convocó a una asamblea microregional para el próximo sábado 22 de marzo a las 9:00 horas, en la cual se deberá resolver lo que procederá con Eliseo, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo, así como con el comandante regional Agustín Suástegui y Adriana Domínguez, destituida como secretaria de la Coordinadora, involucrados también en este hecho.
En Guerrero existen cinco casas de justicia en las regiones de la Costa Chica, Costa Montaña y Montaña de Guerrero: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso, que operan desde 1995, y en diciembre del año pasado se inauguró la quinta casa, Cochoapa.
Las casas de justicia conformaron en 1998 la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuya operación se enmarca dentro de la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la cual avala la existencia y validez de sistemas normativos “basados en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales”.
Sin embargo, existe una falta de comprensión con respecto al funcionamiento de la CRAC-PC, no sólo por el resto de la sociedad mexicana sino también por parte de las instancias de gobierno estatal y federal, lo que aunado a la falta de claridad en cuanto a la función e intervención del Estado en materia de seguridad dentro de la región, acrecienta la idea respecto a la falta de control en la impartición de justicia pública.
Las autoridades municipales y estatales no han emitido declaración alguna, con respecto al atentado contra Eliseo Villar Castillo. Hace dos semanas, Eliseo informó en una asamblea microregional que había sido amenazado por la delincuencia organizada, luego de negociaciones con un supuesto elemento del Ejército para adquirir armamento, se trata el juchiteco Iván Soriano, quien actualmente purga condena en el reclusorio de San Luis Acatlán, y con quien Eliseo pactó la entrega de recursos de la CRAC a cambio de armas R15, cartuchos, chalecos y vehículos, en mayo de 2013.
En el comunicado se notifica “al Gobierno del Estado la negativa de las autoridades presentes al acuerdo tomado con Eliseo Villar Castillo de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervengan en la investigación del fraude, y en lo general, que no se inmiscuya el gobierno en el proceso interno del sistema comunitario. En el entendido de que está suspendiendo de sus funciones y atribuciones Eliseo Villar y Adelaida Hernández, así como ningún acuerdo o trato que hagan a nombre de nuestro sistema comunitario es válido”.
También insta a los coordinadores y comandantes regionales del resto de las casas de justicia, abstenerse de intervenir en el conflicto interno de San Luis Acatlán, para facilitar el “proceso de reestructuración” y reeducación de los involucrados por la falta en agravio del “patrimonio financiero” de la CRAC, por más de 700 mil pesos.
