(24 de marzo, 2014).-Un domingo 23 de marzo de 1980, Óscar Arnulfo Romero, otrora Arzobispo Metropolitano de San Salvador, pronunciaba las siguientes palabras durante su homilía dominical: “En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión”. Un día después a las 18:15 horas un francotirador, integrante de un escuadrón de la muerte al que pertenecían agentes del Estado salvadoreño, le arrebataría su vida con tan sólo un disparo.
Monseñor Romero, como lo llaman con cariño actualmente los ciudadanos salvadoreños, fue un sacerdote católico que defendió los derechos humanos del pueblo de El Salvador, en una época de injusticias, fuerte represión e incertidumbre política en el país centroamericano.
Como señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), semanas antes de su muerte, el Monseñor había arreciado sus denuncias contra militares y el gobierno salvadoreño por graves violaciones a los derechos humanos. A su vez, había pedido a los Estados Unidos cesar la ayuda militar a El Salvador y cada domingo hacía un recuento de los muertos por la violencia política en el país.
Su asesinato fue uno de los hechos que marcaron el preludio del conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1992 y dejó más de 75 mil muertos y otras graves violaciones de derechos humanos. La promulgación de una Ley de Amnistía en 1993 cerró las puertas a una reapertura de las pesquisas y dejó en la impunidad el crimen de Monseñor Romero y el de miles de salvadoreños.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en abril de 2000 que el Estado salvadoreño era responsable por “haber violado el derecho a la vida en perjuicio del Monseñor Romero, por faltar a su deber de investigar el crimen en forma diligente y eficaz, por incumplir con su obligación de procesar y sancionar a los responsables, y por la falta de adecuación de las leyes internas a los contenidos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Además, la CIDH concluyó que la Ley de Amnistía contradecía las normas de la mencionada Convención, por lo que ordenó su derogación y la reparación integral de las violaciones cometidas.
En el 2005, la CIDH comprobó que el Estado no había cumplido las recomendaciones citadas. En el marco de una audiencia llevada a cabo en 2007, El Salvador negó que agentes del Estado hubiesen participado en el crimen. Pero, debido a la presión internacional, el Estado se vio obligado a justificar públicamente la vigencia de la Ley de Amnistía y manifestó su voluntad de iniciar un diálogo para el cumplimiento de la reparación de las violaciones cometidas. En noviembre de 2009 el Estado finalmente reconoció su responsabilidad internacional en la muerte del Monseñor Romero.
El 24 de marzo de 2010, en el marco del 30 Aniversario del asesinato del Monseñor Romero, el presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, reconoció la responsabilidad estatal y pidió disculpas públicas por la ejecución extrajudicial de Monseñor Romero cometida por un escuadrón de la muerte que actuó “bajo la cobertura, colaboración, aquiescencia o participación de agentes estatales”.
De la misma manera, a petición del Estado salvadoreño, la Asamblea General de la ONU declaró el 24 de marzo como “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”.
Tal como indica la ONU, dicho día representa los siguientes aspectos: “Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia; rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño”.
Así como “reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador”.
El Estado también se comprometió a adoptar otras medidas de reparación, como la edificación de una plaza en memoria de Monseñor Romero, la creación de un documental sobre su persona y obra, y la inclusión del informe de la comisión en los planes de estudio y educación primaria, secundaria y universitaria. Estas medidas se encuentran pendientes de cumplimiento.
A 34 años de la muerte de la voz de los sin voz o San Romero de América como reconocen al Monseñor Romero en El Salvador, no se ha producido ninguna detención por su asesinato. Su muerte se atribuyó a grupos de ultraderecha, siendo señalado Roberto D’Abuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quién desconoció los resultados de las pasadas elecciones en El Salvador.
Fotos: Xinhua / Peregrinación de las luces (22 de marzo, 2014).
