(01 de abril, 2014).- Iniciativa Sinaloa se define como “una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, con sede en Culiacán, dedicada a promover la participación ciudadana, el derecho a la información y la rendición de cuentas, por medio de la investigación y análisis”.
Viene desarrollando su trabajo desde el año 2009, pero se constituyó legalmente en junio de 2010 con la convicción de que “a través de la construcción de ciudadanía se puede lograr un país más democrático”. Desde entonces se ha ido volviendo una organización cada vez más activa en el ámbito del reclamo ciudadano por la transparencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con su declaración de transparencia, Iniciativa Sinaloa ha operado durante los últimos años con 30 mil dólares donados por el International Budget Partnership, los cuales recibió de Sonora Ciudadana AC para operar en Sinaloa el proyecto La Rebelión de los Enfermos. Los reportes financieros correspondientes del 23 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2012 se encuentran en línea. No hay datos sobre su financiamiento de entonces a la fecha.
Los cuatro miembros de su Junta Directiva tienen en común el trabajar o haber trabajado para el diario Noroeste, fundado en 1973 por Enrique Murillo Padilla, Jorge del Rincón Bernal y Manuel J. Clouthier del Rincón, quien fuera candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia en 1988. Su hijo Manuel Jesús Clouthier Carrillo, ex diputado por el PAN que renunció a su militancia en ese partido, fue director del medio y sigue formando parte de su consejo editorial.
En 2011, Iniciativa Sinaloa formó parte del grupo de 27 organizaciones y “líderes de opinión” convocados por la organización Evolución Mexicana para promover la reforma constitucional que permitiera las candidaturas independientes, es decir, las impulsadas al margen de los partidos políticos. Reunido en el municipio neoleonés de San Pedro Garza García, el de mayores ingresos en el país, el grupo se propuso promover la reforma mediante una estrategia de cabildeo ante legisladores.
Ese mismo año, Iniciativa Sinaloa se unió a la organización civil Sonora Ciudadanía en la campaña “La rebelión de los Enfermos”, surgida a raíz de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon) negara atención médica “a los funcionarios que tengan más de 50 años o cuenten con alguna condición preexistente”. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del reglamento del Isssteleon, “La rebelión de los Enfermos” encontró que 14 de 32 estados del país ejecutan este tipo prácticas discriminatorias.
La organización llegó a los titulares de los medios de comunicación de todo el país en septiembre de 2012, cuando dio a conocer los sueldos de cuatro presidentes municipales de Sinaloa, quienes percibían mayores ingresos que el gobernador del estado, Manuel López Valdez. Aunque los alcaldes señalados negaron que sus percepciones rebasaran a las del gobernador, Iniciativa Sinaloa presentó los documentos probatorios, mostrando además cuántos salarios mínimos devengaban los funcionarios.
En las elecciones federales del domingo 7 de julio de 2012, Iniciativa Sinaloa participó con Alianza Cívica en actividades de observación en campo para determinar la calidad de la jornada electoral. Tras realizar su labor en “21 estados con más de 500 observadores electorales acreditados ante el IFE”, Alianza Cívica encontró “una correlación entre el dinero de las campañas políticas y los resultados electorales”, lo que se reflejó en el hecho de que “28.4% de los ciudadanos encuestados estuvieron expuestos a al menos una práctica de compra y coacción del voto”.
En agosto de 2013, Iniciativa Sinaloa presentó la primera demanda por cobros excesivos de información pública en ese estado. En la demanda se denunció que el Ayuntamiento del municipio de Guasave cobró 11.51 pesos por cada fotocopia realizada para responder a una solicitud de información, “cuando el precio promedio de mercado es de 25 centavos”. Esta práctica estaría orientada a desalentar y poner fuera del alcance de la ciudadanía las solicitudes de información mediante su encarecimiento.
Las facturas solicitadas por Iniciativa Sinaloa al municipio de Guasave formaban parte de una investigación iniciada desde enero de 2013 y cuyos resultados fueron presentados el pasado jueves 27 de marzo en un dossier de alto impacto, “El Precio de la publicidad oficial. Opacidad, discrecionalidad y desinformación. Diagnóstico de los 18 municipios de Sinaloa”, que se realizó en colaboración con Fundar, Centro de Investigación y Análisis A.C. y Colectivo por la Transparencia.
En este documento, que se puede consultar y descargar de manera gratuita, se define la publicidad oficial y se explica el problema de su utilización discrecional por parte de las autoridades –una irregularidad que la revista Proceso ha venido señalando desde tiempo atrás a nivel nacional:
“La publicidad oficial o comunicación gubernamental implica la compra de espacios en medios de difusión, con recursos públicos, con el fin de que los gobiernos informen a los ciudadanos sobre su quehacer institucional.
En la práctica, sin embargo, la publicidad oficial es utilizada por los gobernantes en turno para presionar a medios y periodistas mediante la asignación o retiro de pautas publicitarias, y la experiencia internacional no deja mentir”.
