Denisse Hernández / Zona Franca
(19 de abril, 2014).- Beatriz Manrique Guevara, regidora en el Ayuntamiento de León, y Iovana Rocha Cano, quien fungiera como Directora Municipal de Atención a la Mujer en Guanajuato capital, criticaron el actuar de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) respecto a los casos de violencia de género en la entidad.
El día de ayer, la oficina de Gustavo Rodríguez Junquera, Titular de la PDHEG, publicó en dos comunicados de prensa, las recomendaciones que se hicieron a Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) por el feminicidio de Laura Patricia Vázquez y la violación de dos menores de edad en la capital del estado.
Cada servidora pública vivió de cerca uno de los casos.
La exdirectora acompañó a “Margarita”, quien se convirtió en madre a los 11 años de edad tras ser violada por su padrasto, Félix Rangel Márquez, mejor conocido como“el gordo”.
Iovanna Rocha Cano
Foto: Especial
El parto de “Margarita” destapó un caso de presunto abuso sexual múltiple en agravio de nueve mujeres, siete de ellas niñas, y dos más concubinas de Rangel Márquez. Ellas vivían encerradas en una casa del callejón de Tamazuca en Guanajuato capital.
Para Rocha Cano, el sistema de justicia está coludido para no funcionar y no son fortuitas tantas inconsistencias. Ella menciona que el Procurador de Justicia de Guanajuato ha sido “omnipotente”.
“Me llama mucho la atención del Procurador de Derechos Humanos, que ha demorado mucho en situaciones tan relevantes. Su presencia ha sido no solamente disminuida, sino con una presencia que nos permite cuestionar mucho cuál es su imparcialidad”, dijo en entrevista.
Rocha Cano mencionó que la PDHEG ha estado ausente y actúa de manera tardía e insuficiente, hecho que le resta credibilidad a una dependencia que surgió para reivindicar los derechos de las víctimas.
Por su parte, Guevara Manrique, quien estuvo pendiente del feminicidio de Laura Patricia Vázquez y acompañó a Geraldina Aguilar, madre de la occisa en el proceso, recordó que las omisiones de la PGJEG para la víctima fueron constantes y causaron grandes daños a las propias víctimas.
Beatriz Manrique Guevara
Foto: Especial
“Las recomendaciones son muchas, las recomendaciones hacen clara mención a omisiones que han causado severos daños a quienes se suponía que tenían que estar protegidos por la propia Procuraduría”.
No obstante, hay un asunto imposible de ignorar: la fecha de emisión de las recomendaciones.
“Yo creo que aquí es un asunto que no puede tomarse a la ligera. A mí me llama la atención que la Procuradurías (de Derechos Humanos) haya sacado las recomendaciones en estas fechas (Semana Santa), ante asuntos tan sonados, asuntos que trascendieron nacional e internacionalmente”, señaló la regidora.
A pesar de la actuación tardía de la PDHEG, para Manrique Guevara desacatar la recomendación no sería opción para Zamarripa Aguirre.
En el caso de Laura Patricia cabe recordar un detalle mayor, y es que una de sus hijas está desaparecida desde su feminicidio.
“En el caso de Laura Patricia se acumulan muchas cosas. Una de las más tristes es la desaparición de su hija, a quien la abuela buscó. Desde el momento en que Laura Patricia fue asesinada la abuela señaló que la niña corría peligro y la Alerta AMBER se decretó casi un mes después de que se advirtió su desaparición”, señaló Guevara Manrique, quien agregó que la emisión de la Alerta se realizó fuera de forma.
La PDHEG emitió seis recomendaciones a la PGJEG por la violación de los derechos de los menores de Tamazuca y cinco más en relación al feminicidio de Laura Patricia Vázquez Aguilar.
Desde que fueron emitidas las recomendaciónes, la PGJEG tuvo cinco días hábiles para notificar su aceptación de las mismas.
