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CIDH exige que se investigue “tortura autorizada” en Oklahoma

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(6 de mayo, 2014).- A raíz de la tortuosa ejecución de un preso en el estado de Oklahoma en Estados Unidos, debido a un fallido proceso de fármacos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió hoy que dicha entidad suspenda las ejecuciones de sentenciados a la pena capital hasta que se realicen las investigaciones pertinentes.

El martes 29 de abril, el sentenciado a recibir la inyección letal, Clayton Lockett fue sometido a un protocolo de muerte conocido como de tres fármacos; sin embargo, algo falló con los medicamentos y el preso recobró la consciencia por un momento e incluso pudo pronunciar unas palabras. 40 minutos después, luego de sufrir severas convulsiones, Lockett murió de un ataque al corazón.

Mediante un breve comunicado, la CIDH pidió a la administración de Barack Obama y al estado de Oklahoma a realizar una investigación “independiente e imparcial”, y no reiniciar las ejecuciones hasta que se concluyan las pesquisas del caso que fue calificado por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), como  “experimento fallido” y “un caso de tortura autorizada por el gobierno”.

“La CIDH condena la muerte agonizante de Clayton Lockett y recuerda a los Estados Unidos su obligación internacional de no imponer penas crueles o inusitadas a personas bajo su jurisdicción”, se lee en el comunicado de la Comisión.

La CIDH recordó que a pesar de que la mayoría de los Estados integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), -ente del cual es autónomo- abolieron la pena de muerte, EE. UU.  es el único gobierno de occidente que aplica este tipo de penas.

El pasado jueves, Obama se pronunció en torno al caso de Lockett y mencionó que era algo “profundamente perturbador”, al tiempo que denunció el “sesgo social que existe alrededor de la pena capital en su país.

Respecto a las palabras del presidente norteamericano, la CIDH las consideró como un “importante pronunciamiento”, y se mostró esperanzada de que sea un paso hacia una paulatina abolición de la pena de muerte en territorio estadunidense, que tan sólo este año ya contabiliza 20 personas ejecutadas.

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