(15 de mayo, 2014).- Dos días después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara en Reynosa la nueva estrategia de seguridad del Gobierno Federal para contener los índices de violencia que se registran en el fronterizo estado de Tamaulipas, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, afirmó en entrevista que los “los resultados tendrán que empezar a ser inmediatos” aunque los “resultados contundentes” sólo se vean en seis meses.
La nueva estrategia de seguridad, denominada Plan Tamaulipas, dividió al estado en cuatro regiones, cada una de las cuales estará bajo el mando único de un comandante perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). De acuerdo con este esquema, en vez de haber un comisionado único, a semejanza de Michoacán, habrá cuatro comisionados militares.
Algunos analistas han descrito la estrategia como una sustitución de facto del gobernador de la entidad, Egidio Torre Cantú, quien obtuvo la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a ese cargo menos de una semana antes de la elección, a raíz de que el candidato original, su hermano Rodolfo, fuera asesinado por un comando el lunes 28 de junio de 2010. A esta interpretación abona el hecho de que tanto el secretario de Seguridad Pública como el encargado de la seguridad personal del gobernador fueron sustituidos por militares designados desde la capital del país.
Monte Alejandro Rubido expresó su confianza en el éxito de la estrategia desplegada por el Gobierno Federal, la cual, dijo, trabaja en coordinación con las policías municipales y estatales, cuya eficacia se busca recuperar mediante un incremento de los exámenes de control de confianza y reforzando el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública (C4). También se incorporarán 500 elementos de la Policía Federal, equipos de “vigilancia no inclusiva”, de inteligencia, y de investigación para casos de secuestro.
A pregunta expresa, Rubido descartó que se estuviera ante una repetición del “Michoacanazo”, un episodio en que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa arrestó a decenas de alcaldes michoacanos acusándolos de nexos con el crimen organizado, todos los cuales fueron posteriormente liberados por falta de pruebas. Según el comisionado nacional de Seguridad, lo que sucede en Tamaulipas es “una labor muy puntual, muy cuidadosa, muy juiciosa de investigación para que con base en los resultados de dicha investigación se implementen las acciones que proceden”.
Como ejemplo del éxito de las estrategias del Gobierno Federal para combatir del crimen organizado, mencionó el caso del estado de Michoacán, donde en los cuatro meses transcurridos desde que Alfredo Castillo fuera nombrado comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, “los resultados saltan a la vista”. Rubido expresó su convicción de que “lo mismo va a suceder en el estado de Tamaulipas”. No mencionó el actual conflicto que enfrenta a los ex autodefensas ahora integrados en la Fuerza Rural con quienes decidieron continuar defendiendo sus comunidades al margen de pactos con el gobierno.
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De acuerdo con una investigación realizada por el diario Reforma, la actual ola de violencia que azota al estado de Tamaulipas es resultado de las disputas entre distintos cárteles de la droga por el control de las aduanas en los puentes fronterizos entre esta entidad y Texas. El Cártel del Golfo, actualmente sin un liderazgo claro, y el cártel de Los Zetas se disputan los 15 puentes y los dos puertos a través de los cuales todos los días pasan mercancías y personas en ambas direcciones.
Se considera que el Cártel del Golfo controla la franja fronteriza entre Reynosa y Matamoros, mientras que Los Zetas están asentados en Nuevo Laredo, más al norte. Pero la crisis de liderazgo y las peleas internas en el Cártel del Golfo tras la detención de Jesús Alejandro Leal Flores, alias “Comandante Simple” o “Metro 24”, el martes 1 de abril, animaron a sus rivales a intentar reposicionarse en Reynosa., en donde se encuentran tres de los cruces fronterizos más ambicionados, Hidalgo, Pharr y Anzaldúas.
Las luchas también se han recrudecido por los planes de modernización de varios de estos puentes, lo que agilizaría y ampliaría el flujo de mercancías en la frontera, abriendo mayores oportunidades para el tráfico de sustancias ilícitas. Como reconocieron a Reforma las propias autoridades encargadas del combate al tráfico de drogas, es obvio que los decomisos realizados no evitan que una parte de los cargamentos llegue a Estados Unidos, donde 10 kilogramos de cocaína –lo que se decomisó el 30 de abril en Reynosa– generan más de 24 millones de pesos en el mercado negro.
La lucha por quedarse con la mayor parte posible de este botín ha generado más de 50 muertos en un solo mes, y la violencia no da señales de amainar pese al envío de tropas y funcionarios federales. El mismo día y en el mismo puente en que fue decomisado el cargamento de 10.7 kilogramos de cocaína, se aseguraron paquetes de metanfetamina cuya venta reportaría 14.6 millones de pesos. Entre marzo y el 18 de abril, se decomisaron más de 50 kilos de cocaína en diversas aduanas, y nadie sabe cuánta droga logró entrar a Estados Unidos. Un botín muy grande que genera una violencia igual.
