Erick Ampersand / @AmpersandLitera
(19 de junio, 2014).- Todos hemos perdido un objeto que en verdad queríamos, algo que era importante no tanto por su valor comercial, sino porque guardaba un pedazo de nuestra historia. Imaginemos una situación en la cual se nos prohíbe buscarlo, en donde diversas personas colocan trabas a la pesquisa y recibimos amenazas para desistir de la investigaciónn. Podríamos pasar por una serie de sentimientos que van desde la nostalgia hasta la autoculpa, como desde la impotencia hasta la incertidumbre. En México esto ocurre todos los días, con el agravante de que no se trata de objetos, sino de seres humanos, personas con una identidad, una historia de vida y unos vínculos sociales diversos, muchos de los cuales son tergiversados por las autoridades, incluso después de la muerte.
Esta doble agresión en contra de las personas es en realidad una de las acciones más viles por parte de las autoridades y los medios quienes las difunden. Puesto que no sólo aspira a culpar a los muertos por su propia muerte, sino que intenta mermar las responsabilidades de gobiernos y empresarios. Resulta pertinente recordar el caso de los estudiantes de doctorado en el Tecnológico de Monterrey. Fueron asesinados por militares mexicanos, mismos que colocaron armas de fuego y droga entre sus pertenencias, para que horas después el entonces presidente, Felipe Calderón, los calificara de criminales sin que hasta ahora existan pruebas de ello. Desde la guerrilla de los años 70, hasta Carlos Salinas de Gortari y lo que va de la actual presidencia de Enrique Peña Nieto, poblaciones enteras han sido desaparecidas, desplazadas y destruidas por la acción de los grupos criminales.
Dentro de estos últimos, la figura del sicario merece un análisis aparte. Principalmente porque depende de la corrupción de los políticos y de la manutención de los empresarios para sobrevivir. El sicario político-empresarial es un elemento clave para comprender el fenómeno del que hablamos. Bajo la apariencia de un criminal común, ese que opera con la estrategia del azar y la ocasión, en realidad encontramos al eslabón que une a políticos de distintas facciones con empresarios mexicanos y extranjeros. Asesinar y atemorizar bajo la lógica del capital: la muerte como un negocio; la incertidumbre como una política de Estado.
Sobre este tema tuve la oportunidad de conversar hace unos días con Federico Mastrogiovanni, autor de “Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror”, libro publicado por la editorial Grijalbo. Se trata de una obra que parte de la inquietud teórica esencial: tantos muertos / durante tanto tiempo / en regiones tan específicas / no pueden ser sólo coincidencia. El autor de origen italiano correlaciona las desapariciones de diversos individuos en poblaciones con marcados intereses económicos. Mastrogiovanni ha sido corresponsal de guerra y reportero durante desastres naturales en América Latina, algo que podría servir de preparación para un escenario como el de la actualidad en México. En su investigación se compara el ascenso de la violencia en Tamaulipas, Monterrey, Coahuila y Chihuahua (por citar algunos estados) con fenómenos aparejados a ello, como son los desplazamientos poblaciones, el abaratamiento de los predios y los inmuebles, así como la posterior compra-venta por parte de grupos político-empresariales interesados estos terrenos, en los recursos del subsuelo, en las vías de tránsito que abarca, o bien, en su posición geoestratégica a futuro.
Es precisamente en estos estados de la República Mexicana en donde se encuentra la llamada Cuenca de Burgos, yacimiento de gas shale y minerales con una altísima rentabilidad económica, pero cuya extracción y explotación pone en riesgo a las comunidades aledañas, así como a la fauna y flora de la región. Es importante considerar que México está ubicado como la cuarta nación con mayores reservas del gas shale a nivel mundial, tan sólo detrás de China, EE.UU. y Argentina, en ese preciso orden. A partir de tal punto habría que añadir en el plano geopolítico una alta dificultad para prever si la transición de poder de los Estados Unidos a China será pacífica (en la medida de lo posible) o violenta (en el panorama de una posible guerra mundial). Con este telón de fondo, el papel de México como territorio aledaño, así como proveedor de recursos energéticos, materiales y laborales, mismos que en un contexto de paz son esenciales pero que durante un conflicto bélico podrían definir el peso de la balanza sigue resultando preponderante para cualquier análisis.
Mientras que en una época pacífica la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) habría provocado mayor rechazo entre la población civil —como se vio en años anteriores, cuando otros gobiernos intentaron acciones similares— la supuesta ‘guerra contra el narco’ habría servido para reorganizar el orden jerárquico de las preocupaciones, como bien lo analiza en el prólogo de esta obra el periodista, Jaime Avilés. Al tiempo que la represión y la muerte masiva azotaban al país, una explotación de los recursos materiales, de las condiciones laborales y de las restricciones cibernéticas y educativas, se estaba orquestando. México vive bajo una continua terapia de shock (en el sentido que Naomi Klein da del término) en la cual la mayoría de sus habitantes son atacados con distintos tipos de violencia cada día. Allí en donde sobrevivir es ya de por sí un logro, exigir mejores condiciones de vida parece arriesgar demasiado.
Desaparición y sometimiento, desaparición y represión anticipada. Mastrogiovanni nos muestra en su libro cómo al desaparecer a una persona se logra mantener a sus conocidos y familiares en una especie de duelo-no-completado, ya que ellos no saben si la persona murió o si acaso sigue viva, si deberían gritar su desesperación para que las autoridades busquen con mayor ahínco o, por el contrario, callar y ser discretos, con la esperanza de que los criminales dejen libre a su víctima. Es precisamente ese punto intermedio, esa incertidumbre constante lo que se intenta imponer entre la población: un temor que les obligue a reorganizar las antiguas jerarquías, que les coloque en una especie de tensión perenne y una fragilidad psicológica traumática.
El autor demuestra con casos documentados y verificables que en realidad son las propias autoridades quienes a menudo comenten dichas desapariciones forzadas, actuando a favor de empresas mexicanas y transnacionales. Diversas industrias entre las que destacarían las petroleras y mineras pagan a grupos de sicarios en el mundo por imponer el terror a poblaciones rurales y urbanas, en una alianza de corrupción y silencio con miembros de la policía, políticos de diversas facciones y jueces. Estos sicarios político-empresariales son los eslabones de la incertidumbre que gobierna hoy a nuestro país.
Para dimensionar el tamaño de este hecho es importante comprender que cada hora se desaparece de manera forzada en México a más de dos personas y que la tendencia no parece ir en descenso. ¿A quién le convienen estos hechos? Buena parte de los medios suelen difundir la versión de que se trata de una guerra entre los narcos, entre miembros de grupos opuestos. Según dicha opinión esto sería bueno, ya que así se matarían entre sí. La realidad es que las muertes de personas no relacionadas con el narcotráfico resultan ser mayores que las que se suponen. Estas personas no vinculadas con el crimen a quienes algunos informes catalogan como “falsos positivos” o “daños colaterales” y que lo mismo abarca a infantes que a ancianos, a hombres que a mujeres, a trabajadores en la vía pública como a trabajadoras al salir de una maquiladora, podrían ser, como aseguran diversos analistas, los verdaderos objetivos para esta lucha contra los pobres.
Resulta incoherente que los propios narcos escondan o sepulten a sus víctimas, siendo que, según la versión del gobierno, lo que intentan es mostrar su poder sanguinario entre los adversarios. ¿A quién entonces le conviene eliminar/ocultar los cadáveres? Recordemos que no fue la policía sino los grupos de ciudadanos y víctimas quienes dieron con la ubicación exacta del predio en donde Santiago Meza, mejor conocido como “El pozolero” eliminaba los cuerpos. Valga decir que él mismo dijo ser aprendiz de otro y que ya había enseñado a más jóvenes de la región. Meza también comentó que en los años de la guerrilla social en México los apresados eran arrojados al mar con la misma finalidad. Después de la captura de “El pozolero”, los índices de muertos no bajaron ni el descubrimiento de cuerpos aumentó. ¿Dónde estarían entonces esos cadáveres?
Diversos grupos de víctimas han realizado análisis para conocer el tamaño real del fenómeno, puesto que para ellos el gobierno manipula los datos, tal como pudo notarse en febrero de 2014, cuando en el comunicado de Miguel Ángel Osorio Chong las cifras se redujeron casi a la mitad, por obra de la transición partidista. Renato Sales Heredia, conocido como ‘el zar antisecuestros’, aceptó que en 2013 se denunciaron 1695 casos de “secuestro” pero que por cada uno de ellos hubo otros 11 más que no fueron denunciados, lo que daría un total de 18 mil 645. ¡51 personas desparecidas en México cada día tan sólo en 2013!
Un Estado que no protege la vida de sus connacionales estaría traicionando su compromiso social, pero uno que vulnera de manera velada la vida de los migrantes que transitan por su territorio estaría flagelando una responsabilidad humanitaria. Es muy peligrosa la situación de los mexicanos frente a un Estado con dichas características, con su dudosa incapacidad, con su carencia de solidaridad con la población civil. Mastrogiovanni propone establecer en todos los códigos penales y en el Código Penal Federal el delito de “desaparición forzada de personas” para diferenciarlo del secuestro y de la privación ilegal de la libertad, por no hablar de los mal llamados ‘levantones’. La propuesta del autor es de crucial importancia ya que esto obligaría a los juzgados a mantener vigentes los casos, en tanto que no aparezca la víctima. Por otra parte, esto daría armas legales a familiares y conocidos para que los captores implicados en el crimen informaran sobre los paraderos y los modos de operación utilizados. De lo que se trata, en último caso, es de poner un freno al terror social que se utiliza como táctica de Estado para la explotación económica.
“Ni vivos ni muertos” es una investigación en donde intervinieron diversos actores y organizaciones civiles, destacando la labor de Luis Ramírez con quien Mastrogiovanni realizó un documental del mismo nombre. Pensando en la mejor forma de distribuir este trabajo audiovisual, los autores optaron por los comerciantes de Tepito, lugar en donde puede conseguirse fácilmente.
El libro se presentará el jueves 19 de junio a las 19:30 horas en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Serapio Rendón 57, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México — 01 55 5546 8217) con la participación del autor y los comentarios de Jaime Avilés, José Reveles y Andrés Díaz Fernández. La entrada es libre.
