(29 de junio, 2014).- Tras ocho meses de encierro en el penal de San Miguel, Delfino Flores Melga murió. Al activista, detenido en 2013 durante un desalojo en el que resultó herido, se le negó la posibilidad de seguir su proceso en reclusión domiciliaria a pesar de su edad.
La negativa otorgada por Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue criticada en su momento por la avanzada edad del arraigado, quien en ese entonces tenía 90 años de edad.
Organizaciones sociales, campesinas y sindicalistas exigieron enérgicamente la destitución de Flores Toledano, por la muerte del luchador social y exigieron que se inicie una investigación en torno al proceder del procurador Víctor Carrancá Bourget.
El nonagenario fue acusado de organizar un un grupo de fundadores de la colonia Ampliación Xilotzoni, en un terreno de 17 hectáreas que son reclamadas por los empresarios Luis Flores Carpenter y Alejandro Flores Pastrana, pero que –según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, (SEDATU)– forman parte de los bienes nacionales.
Alberto Santiago Hernández, defensor legal relata que en varias ocasiones Delfino Flores fue trasladado a la enfermería del penal por contusiones. “Esto nos demuestra que don Delfino siempre fue torturado y amenazado en el Cereso; por eso también culpamos de omisión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que durante este tiempo nunca emitió exhorto alguno contra el gobierno de Rafael Moreno Valle a pesar de las denuncias”.
El caso de Flores Melga forma parte de la criminalización de la protesta que ha caracterizado la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle, quien en solo un mes encarceló a 19 activistas y envió al Congreso estatal una iniciativa para legalizar el uso de armas de fuego para disolver protestas sociales.
