Por Heriberto Paredes
Fotografías de Heriberto Paredes y Omar Vargas
(07 de julio, 2014).- Un número mediano de bomberos llega el domingo por la tarde acompañado de tres motocicletas, cruzan desde la entrada hasta la calle de la Unión, donde la gente está conversando, riendo, pasando la tarde soleada con los problemas y asuntos propios de la convivencia interna en una ocupación que poco a poco va definiéndose. Hay que decir que estos bomberos son parte de la Policía Militar (PM).
El cambio es evidente, las personas se concentran en el punto en donde los bomberos descienden de los vehículos. Hay tensión, preguntas. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué vienen los bomberos si no hay fuego? Aparentemente recibieron una llamada que denunciaba un incendio en dónde está el campo de fútbol y además tenían que hacer un estudio de suelo, justo ahora. En la escena hay varios militantes de la Red y de otras organizaciones que se han acercado recientemente. Se acercan a los «bomberos» mientras éstos bajan de sus vehículos, se trata de hombres blancos de gran estatura y mirada vacía, van armados, no llevan ninguna vestimenta adecuada en caso de que un incendio aconteciese.
Entre los comentarios que no dejan de escucharse, lo evidente sale a flote en boca de una joven, «esto es una provocación y una visita de reconocimiento, estos tipos están para vigilarnos y causar miedo entre la gente, sobre todo entre aquellos que mantienen fresco el recuerdo de desalojos pasados».
União, este 29 de mayo. Con la misma sorpresa, las autoridades correspondientes recibieron la respuesta organizada de los habitantes de esta ocupación y de la Red. Lo que sucedió sorprendió a los propios moradores, por su agilidad y efectividad, pero sobre todo porque comenzó a resaltar líneas fundamentales del camino que toca ahora seguir en lo que respecta al carácter de la organización política.
Las estrategias jurídicas son muy complejas y su lenguaje siempre se presta a confusiones que perjudican a los que están en un papel inferior al aparato estatal. En el caso de Jardim da União, la gente que compone esta ocupación está usando un terreno ocioso que tiene la característica de ser propiedad pública, lo que implica que una institución de gobierno puede reclamar su reintegración para los usos preferentes que tenga decididos. La Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano (CDHU) tiene la propiedad del terreno en donde está la ocupación. Ésta ha dado preferencia a las constructoras y empresas respectivas para desarrollar ahí los programas de vivienda que el estado de São Paulo destina a familias que son parte de una lista que tiene mucho tiempo de conformarse. A fin de cuentas son terrenos que se usan para —en su momento y a disposición de los funcionarios y gobernantes— cumplir promesas de campaña o alguna otra necesidad que tenga que ver con la vivienda, como la especulación inmobiliaria.
El riesgo de desalojo ocurrió cuando la CDHU presentó la orden de reintegración del terreno —y por lo tanto desalojo del mismo— en un máximo de cinco días. Este recurso jurídico existía desde principios de 2014 pero se mantenía parado gracias a un punto de acuerdo al que llegó la Red y las familias de Jardim da União.
Los militantes y habitantes decidieron hacer un acto público el 2 de junio y ocupar las oficinas de la CDHU hasta que la misma suspendiera dicha orden de reintegración de la propiedad, por lo menos durante 6 meses más. Al mismo tiempo que asumía —con un documento escrito de por medio— el pago de 20,000 reales por unidad habitacional a través de otro programa estatal llamado Casa Paulista que, junto con el programa federal Minha Casa Minha Vida, harían posible otorgar una casa a cada familia. Sin embargo hay que resaltar que esto será en otro terreno, ya que el que ahora da vida a Jardim da União no está en discusión y será usado para otros proyectos. La CDHU también asumió el compromiso de realizar los estudios necesarios en esos otros terrenos para llevar a cabo lo acordado.
