(08 de julio, 2014).- La utilización de testigos protegidos como base de una investigación fue una de las principales características del gobierno de Felipe Calderón. Durante la gestión de Marisela Morales, última procuradora del anterior sexenio, las fallas en la integración de los expedientes y el uso faccioso de la justicia fueron una constante.
En 2008 se realizó la “Operación limpieza”, donde 12 servidores públicos fueron detenidos y otros 35 separados de sus cargos con base en imputaciones realizadas por testigos colaboradores. Entre los acusados de aquel caso se encontraba Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien fue liberado en 2013 cuando el juez Mauricio Fernández de la Mora, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, dictó sentencia absolutoria a su favor por una “posible fabricación de pruebas”.
El análisis de las declaraciones de los principales testigos colaboradores llevó a la conclusión de que no había imputaciones directas a Mandujano y algunos de los relatos se habían obtenido de manera ilegal.
“Jennifer”, testigo clave en dicha averiguación también fue utilizado en 2012 para proceder legalmente contra los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.
Las omisiones del Ministerio Público (MP) en relación con los testigos protegidos vuelven a presentarse ahora en el principal proceso penal de este sexenio: la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El agente ministerial, en violación al artículo 20 constitucional que señala el derecho a una defensa adecuada, decidió omitir del pliego de consignación los nombres reales y demás datos de los testigos protegidos que acusan a Guzmán Loera en los delitos de delincuencia organizada.
Con base en dicha omisión, la defensa del narcotraficante intentó evadir los cargos que se imputan en el expediente 135/2001 al documentar las fallas del MP en los expedientes 76/2014 y 73/2014. El primer caso se refiere a la apelación contra el auto de formal prisión decretada el tres de marzo pasado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales por la presunta responsabilidad de Guzmán Loera en delincuencia organizada.
La reserva de información sobre los testigos propició que se revocara el auto de formal prisión dictada el tres de marzo de 2014 contra Guzmán Loera. Por lo que tuvo que ordenarse la reposición del procedimiento.
Las fallas del MP, ocurridas en otros casos importantes, podrían dar pie a que el proceso contra el narcotraficante tome otro cauce, como ocurrió en los ejemplos mencionados, donde las inconsistencias sistemáticas terminaron por dar la libertad a los acusados.
