(25 de julio, 2014).- Un informe de los casos de la #LeyBala y San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, fue presentado por el Congreso de la Unión ante la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la conferencia de prensa presidida por la diputada federal Margarita Elena Tapia Fonllem, se dio a conocer que fue el Congreso quien solicitó a las instancias internacionales su intervención para la protección de las garantías individuales de las víctimas de la #LeyBala, luego de que la secretaría de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados considerara necesaria la recaudación de elementos sobre lo que consideraron un riesgo para la ciudadanía.
La ONU y la CIDH tendrían, aseguró, la facultad de reunir los datos y la información suficiente para fincar responsabilidades a las autoridades de Puebla que se vieron involucradas en el asesinato del menor de edad José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, además de la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno de Puebla para “desterrar la política de represión” desatada en la entidad.
Tanto la diputada Roxana Luna Porquillo, como Fonllem, coincidieron en poner un alto “a la actitud represiva” del gobernador Rafael Moreno Valle, de quien dijeron, “se opone a un derecho garantizado en las leyes, como el de la manifestación”, además de señalar que no basta con la abrogación de la Ley Bala.
El ejercicio del derecho a la manifestación, señalaron, “fue el escenario en el que se registró el fallecimiento de un menor y la detención de otras personas”, haciendo referencia al enfrentamiento del pasado 9 de julio entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y elementos de la Policía Federal.
Las legisladoras exigieron procesar a los elementos policiacos que dispararon armas “y a quienes condenaron la represión y abuso de poder y de tentativas de homicidios”.
